Mexicali. La inseguridad no se resuelve con balas sino atacando causas, con investigación, inteligencia y tecnología, advirtió la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante el primer acto de su administración.

En el primer pase de lista a corporaciones policíacas estatales y municipales, la mexicalense escuchó informes de los cuerpos de seguridad, entre ellos destaca que en Baja California existe un déficit de más de 5 mil 500 policías estatales y municipales.

El fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, aseguró que en la entidad "hay paz social" y prueba de ello es que en septiembre se redujeron los homicidios en un 20 por ciento con relación a agosto de 2021.

Se refirió a que en agosto se contabilizaron 259 asesinatos, mientras que en septiembre la cifra alcanzó solo 206.

En este año, se han reportado 2 mil 367 homicidios dolosos de enero a septiembre, aunque en el mismo período de 2020 se registraron 2 mil 190 victimas. Es decir, en este año hay 177 asesinatos más.

Antes de justificar que hay "paz social en Baja California" y que los números van a la baja, Ruiz Hernández advirtió que la FGE dejó de atender la flagrancia de delitos para armar carpetas de investigación contra generadores de violencia y atacar las causas de la delincuencia a través de dos acciones preventivas para rescatar a la adolescencia: instrumentar preparatorias militarizada y destruir 5 mil tragamonedas de comercios.

Ávila Olmeda se comprometió a seguir trabajando por la paz y la tranquilidad del estado mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como con prestaciones laborales a policías y sus familias.

Reconoció que hay rezagos en las fuerzas de seguridad y reconoció la labor de la Guardia Nacional, además de destacar la importancia de judicializar los delitos, toda vez que "el 80 por ciento de los ilícitos los comete el 20 de la población".

Aprueba Congreso

En las primeras horas de este lunes, el Congreso del Estado ratificó los nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo de Rosina del Villar Casas como secretaría de Honestidad y Función Pública y de Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán como secretario de Bienestar Social.

También se aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entidad pública que desapareció hace dos años para crear la Fiscalía General del Estado como ente autónomo.