En los meses en que se resolvía su desaparición, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) siguió operando con irregularidades, documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Con entrega de contratos no justificados, el fallo a favor de empre-sas que se presumen evasoras fiscales, entre otras inconsistencias, se ejercieron recursos de 2020 para atender cinco siniestros en Chiapas y Tabasco.
Si bien el mecanismo debía liquidarse a mediados de este año e incluso se hizo oficial su extinción con un decreto publicado el 27 de julio en el Diario Oficial de la Federación, datos de la Secretaría de Hacienda al tercer trimestre de 2021 muestran que en el fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, uno de los instrumentos del Fonden, aún hay más de 53 millones de pesos.
Como parte de la segunda entrega de la revisión a la cuenta pública 2020, la ASF explicó que eran recurrentes las inconsistencias en el mecanismo. Y la actual administración –que ha asumido como una de sus políticas centrales el combate a la corrupción– no se distingue del resto. Se documentó que en 2020 los centros SCT de Tabasco y Chiapas, así como en la Conagua entregaron recursos del Fonden en procedimientos plagados de anomalías.
“En la revisión de la cuenta pública de ejercicios anteriores se han detectado diversas anomalías”, expone la ASF. Entre ellas, el incumplimiento en los plazos de ejecución de las obras, la presentación extemporánea de comprobantes de gastos, de evaluación de daños y pago de obras no ejecutadas, la falta de estudios de mercado antes de dar adjudicaciones directas.
Algo similar ocurrió el año pasado en Tabasco y Chiapas, donde se ejercieron 550 millones de pesos a través del Fonden. De ellos, más de 130 millones fueron al sector carretero y cerca de 97 millones al hidráulico. Al final, revisó 158 millones de pesos derivados de tres desastres naturales en Chiapas y dos en Tabasco.
En ellos encontró que los constructores entregaron fianzas por debajo de los contratos que se les asignaron, también se realizaron pagos 198 días antes de resolverse formalmente el finiquito, tampoco se verificó que las empresas a contratar no estuvieran sancionadas por la Secretaría de la Función Pública, expone la ASF.
En 2020, en medio del debate por la desaparición del Fonden, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se eliminaría el mecanismo, porque “era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo aprovechando que había una emergencia sin licitar. Luego se resolvió su extinción en un decreto del 6 de noviembre de 2020.
