No podían retirarse sin otra medallita: cinco gobernadores que recién concluyeron su periodo constitucional (más dos aún en el puesto) obtuvieron el galardón a la mayor opacidad en el ejercicio del gasto público durante 2020, de acuerdo con la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se trata de cinco priístas, una panista y un perredista, quienes a lo largo de sus respectivos mandatos no dejaron de patalear y chantajear para obtener más recursos federales, porque “es insuficiente lo que recibimos”. Eso sí, no hicieron el menor esfuerzo por mejorar el perfil recaudatorio en sus respectivas entidades.
La información dice así: “El segundo informe de la cuenta pública 2020 refleja el desorden financiero de los estados, pues de los 12 mil 252 millones de pesos de recuperaciones probables ante irregularidades determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, 10 mil 480 millones corresponden a los gobiernos locales.
Las entidades con mayores anomalías en el ejercicio de recursos federales son Campeche, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, gobernados por PRI, PAN y PRD al momento de la revisión” ( La Jornada, Arturo Sánchez Jiménez, Enrique Méndez y Georgina Saldierna).
Algo más: “con excepción de Coahuila y Sinaloa (cuyos mandatarios aún no dejan el puesto), las anomalías observadas en las entidades que el año pasado estaban en los últimos meses de sus respectivas administraciones suman 10 mil 252 millones de pesos. Más de 62 por ciento de las recuperaciones probables determinadas por la ASF en todos los gobiernos locales se concentran en dos rubros: anomalías en el uso de participaciones, por 3 mil 925 millones 611 mil 700 pesos, e irregularidades relacionadas con el saneamiento financiero, 2 mil 550 millones 75 mil pesos”.
Se trata de cinco priístas: Carlos Aysa González (heredero de Alito Moreno), en Campeche; Héctor Astudillo, en Guerrero; Claudia Pavlovich, en Sonora; Quirino Ordaz, en Sinaloa; y Miguel Ángel Riquelme, en Coahuila (los dos últimos siguen en el cargo).
Pero a la lista debe sumarse al panista Javier Corral, en Chihuahua (uno de los más escandalosos, protagónicos y chantajistas a la hora de exigir más recursos de la Federación) y al perredista, otro impresentable, Silvano Aureoles, en Michoacán (el del banquito verde frente a Palacio Nacional, por si alguien no lo ubica).
Todos hicieron caso omiso de una de las reiteradas recomendaciones de la ASF, es decir, la relativa a que los estados de la República “estimulen el cobro de impuestos en los gobiernos locales, pues a excepción de la capital del país, dependen en general en 90 por ciento de los recursos que les canaliza la Federación.
Se debe incentivar la recaudación de recursos propios, conscientes de que el país no es homogéneo”. Sin embargo, los mandatarios locales son de la idea de que actuar el tal sentido equivaldría a un “suicidio político”, y nunca asumieron que sus prácticas en sus respectivos gobiernos rápida e irremediablemente los condujeron a tal circunstancia.
Casi todos, también, incrementaron la deuda estatal: en Campeche, la dupla Alito-Aysa le sumó cerca de mil millones de pesos; lo propio hizo Claudia Pavlovich en Sonora (alrededor de 5 mil millones); Aureoles en Michoacán (2 mil millones), Riquelme en Coahuila (mil millones) y Corral en Chihuahua (5 mil millones). La salvedad fue Astudillo, en Guerrero, y Ordaz Coppel, en Sinaloa, pues redujeron el saldo de su deuda en alrededor de mil millones, en cada caso. ¿Y la recaudación local? Ni un centavo creció.
Las rebanadas del pastel
Abismal es la brecha en el acceso a las vacunas entre las naciones ricas y pobres, algo “moralmente inaceptable”, dice el primer ministro italiano Mario Draghi, porque “en los de renta alta, más de 70 por ciento de la población recibió al menos una dosis, mientras en los pobres se reduce a 3 por ciento”.
