Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) impugnó a través de un recurso de revisión, el amparo que un juez federal le concedió al ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, contra la orden de aprehensión y su ejecución que se libró en su contra por los delitos de asociación delictuosa, trata de personas, en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa, y publicidad engañosa.

El caso se remitió a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien resolverá si confirma, modifica o revoca el fallo del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, quien el pasado 14 de octubre le concedió la protección de justicia federal.

En marzo de este año, un juez penal liberó órdenes de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre, y la ex diputada local del tricolor Sandra Vaca Cortés, así como contra otras tres personas, por los delitos antes mencionados.

Luego de una investigación conjunta, la Unidad de Inteligencia Financiera informó en ese entonces que congeló sus cuentas bancarias. Incluso la FGJCDMX solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y de las fiscalías de las entidades federativas para la búsqueda, localización y aprehensión de estas cinco personas.

Cabe recordar que en septiembre, una juez penal en el sistema tradicional dictó auto de formal prisión contra Claudia Priscila Martínez González, ex colaboradora del llamado “Rey de la Basura”. Fue la fiscalía capitalina quien informó en su momento que una vez que la probable responsable rindió su declaración preparatoria, la Juez Décimo Séptimo Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, le dictó el auto de formal prisión, por lo que enfrenta su proceso penal interna en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Las indagatorias realizadas por personal de la Fiscalía de Investigación en Delitos en Materia de Trata de Personas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, permitieron establecer que la mujer presuntamente publicó anuncios engañosos en periódicos e Internet con ofertas de trabajo para mujeres en las oficinas de un partido político -el Partido Revolucionario Institucional-, para mujeres de entre 18 y 25 años.