La tercera parte de los posibles daños a la hacienda pública detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la revisión de la cuenta pública 2020 corresponde a recursos ejercidos por universidades estatales, tecnológicas y politécnicas; los colegios de bachilleres, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México (ICAT).
Las irregularidades ascienden a 3 mil 810.5 millones de pesos, que revelan un desorden administrativo que se conjuga con problemas estructurales cuya resolución requiere que intervenga la Secretaría de Educación Pública, según la ASF.
Ésta es la primera vez que la auditoría fiscaliza los recursos federales que ejercen las 32 universidades tecnológicas y politécnicas del país, así como los que se otorgan a 28 colegios de bachilleres y al ICAT. En tanto, las 35 instituciones estatales de educación superior son auditadas desde hace años por el organismo dependiente de la Cámara de Diputados, pues también reciben recursos de la Federación.
La ASF revisó la administración y manejo de los recursos asignados a las universidades a través del programa federal Subsidios para organismos descentralizados estatales, que tuvo un presupuesto de 95 mil 898.9 millones de pesos, de los cuales (también en millones), 65 mil 603.9 correspondieron a las universidades estatales; 4 mil 576.5 a las tecnológicas y politécnicas; 21 mil 977.9 a los colegios de bachilleres y al ICAT, entre otros, y 3 mil 740.6 al Tecnológico de México, que no fue auditado en esta ocasión.
Las irregularidades observadas se dividen en: 2 mil 32.9 millones de pesos se encuentran en las universidades estatales, mil 509.7 en los colegios de bachilleres y al ICAT, así como 267.9 en las universidades tecnológicas y politécnicas. En conjunto, las anomalías representan 31.1 por ciento de los 12 mil 252 millones correspondientes a todas las encontradas por la ASF en la segunda entrega de la revisión.
Las instituciones con mayores anormalidades son el Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua, con 449.8 millones de pesos, y la Universidad Autónoma de Coahuila con 554.4 millones.
Los posibles daños a la hacienda pública federal incluyen el pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos en las universidades estatales, por un total de 504.6 millones de pesos; la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto en las instituciones de nivel medio superior por 843.7 millones de pesos, y el pago de plazas no consideradas la ley en las universidades tecnológicas y politécnicas por 143 millones.
La ASF considera que 30.8 por ciento de las anomalías detectadas en las universidades estatales responde a problemas estructurales, lo mismo que 30.3 de las encontradas en los colegios de bachilleres y el ICAT, así como en 69.2 de las universidades tecnológicas y politécnicas.
