Brasil se mostró como un país modelo en el enfrentamiento de la pandemia de Covid-19. La distribución masiva de inmunizantes lo sitúa en segundo lugar entre las naciones que más personas vacunó.
Existen, por cierto, problemas en la economía. El precio de los combustibles aumentó mucho, presionando una inflación preocupante.
Pero sí se compara el cuadro brasileño con el de países de Europa, por ejemplo, es fácil constatar que nuestra situación es mucho mejor.
Si en Brasil la gasolina aumentó 40 por ciento en los pasados seis meses, en Inglaterra el precio se multiplicó por tres. Y si aquí el precio del gas experimentó un incremento que ronda 50 por ciento, en Alemania creció más del doble.
Hay imágenes tristes de personas revolviendo botes de basura en busca de restos de comida e igualmente resultan preocupantes las escenas de gente buscando huesos, patas y pescuezos de pollo antes que sean tiradas por las pollerías.
Pero todo eso es culpa exclusiva de gobernadores y alcaldes que han adherido a la absurda decisión de que era necesario cerrar todo para dar combate a la pandemia.
Y peor: el gobierno nacional se vio impedido de forzarlos a mantener todo funcionando debido a una decisión abusiva e inconstitucional del Supremo Tribunal Federal.
Hay absurdos evidentes, como la determinación del uso de cubrebocas, pues la ciencia ya comprobó que son inútiles. De la misma forma, es inconcebible que se exija el “pasaporte de vacuna”, o sea, las personas para poder ir a determinados lugares son obligados a comprobar que se vacunaron contra el coronavirus. ¿Dónde está el derecho constitucional de libertad para ir y venir?
Pues pese a todo eso, y gracias al empeño del gobierno nacional, que no cerró absolutamente nada, la nación se encuentra en una situación privilegiada, si se compara a lo que se ve en otras partes del mundo.
Ningún otro mandatario se empeñó más que el brasileño para asegurar el bienestar de su pueblo e impedir que la economía entrase en turbulencia.
Así el ultraderechista mandatario brasileño Jair Bolsonaro define la situación vivida en Brasil. Más que puras mentiras, son muestra de lo que pasa por su demencial cabeza.
Lo más impresionante es que lo dice y reitera diariamente y lo hace sin sonrojarse. Esa insistencia hizo que sus disparates ya no causen tanto impacto, limitando su efecto al grupo de seguidores más radicales y fanáticos, que de acuerdo a los sondeos rondan 15 por ciento de la población.
Es de una facilidad olímpica contestar cada una de sus mentiras absurdas, cuando no delirantes.
Muchos medios de comunicación lo hacen. Y con eso reciben violentas críticas (sino es que amenazas) en las redes sociales controladas por seguidores del presidente.
Bolsonaro no deja de quejarse de las injusticias que padece cotidianamente en los medios de adversarios políticos y de “muchas otras instancias”. No las nombra ni aclara cuáles son, pero es evidente que se refiere a las instancias superiores de justicia.
La semana pasada sufrió la más dura, contundente y peligrosa de las injusticias: la Comisión de Investigación instalada en el Senado para tratar sobre las causas que llevaron al escenario tenebroso de la pandemia, lo acusó de haber cometido nada menos que nueve crímenes, entre otros, crimen contra la humanidad.
A lo largo de seis meses los integrantes de la citada comisión levantaron pruebas incontestables de los absurdos cometidos por la irresponsabilidad de Bolsonaro y su gobierno. Destacó, entre otros puntos, estudios de investigadores, científicos y médicos que señalan que las iniciativas del gobierno como forzar el uso de medicamentos ineficaces y retrasar la compra y distribución de antígenos, causaron al menos la mitad de las 606 mil víctimas fatales ocurridas por de la pandemia de Covid.
La comisión no tiene poder para castigar, pero denunció ante la Justicia a Bolsonaro, a sus hijos que actúan en política, a cuatro ministros de su gobierno y a un montón de ex funcionarios.
El presidente y sus ministros, además de un senador y cinco diputados, integran el informe final entregado a la Fiscalía General de la República y al Supremo Tribunal Federal. Los demás van a la justicia común.
Puede que no suceda nada al desvariado mandatario brasileño. Pero es más una ola de desgaste, y fuertísima, para la ya tan debilitada imagen de Jair Bolsonaro y su gobierno.
Además, quedó totalmente claro que, a partir de las denuncias, quedan abiertas de par en par las puertas de los tribunales comunes cuando termine su mandato presidencial y él pierda el fuero especial de que disfruta.
A esperar, pues.
