La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades federales y a las estatales de Baja California, principalmente de Tijuana, a garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en el campamento El Chaparral, así como que se privilegien las acciones de seguridad y protección de estas personas, ante la implementación de medidas restrictivas que limitan su ingreso a dicha área.
En un comunicado, indicó que tuvo conocimiento el pasado 22 de octubre de que el ayuntamiento de Tijuana credencializaría a las personas migrantes alojadas en ese campamento y se colocaría un cerco perimetral a fin de restringir el acceso, bajo el argumento de evitar una “situación catastrófica”.
Expuso que en seguimiento a las medidas cautelares que emitió en marzo pasado, personal del organismo ha realizado múltiples visitas de trabajo a El Chaparral en las que se observó la ausencia de autoridades estatales y federales, y la zona se encuentra delimitada con malla ciclónica. Además, a algunos migrantes se les niega el acceso ante la falta de la credencial solicitada por elementos seguridad pública municipal.
Ante la creciente posibilidad de apertura de esa parte de la frontera, reiteró, conforme a las medidas cautelares solicitadas al gobierno de Baja California, de la Secretaría de Salud federal, del Instituto Nacional de Migración, entre otros, la necesidad de habilitar lugares de alojamiento acorde al número de migrantes varados en ese sitio.
Solicitó que se les proporcionen espacios en condiciones dignas de acuerdo con sus necesidades particulares y priorizando en todo momento la atención a niñas, niños y adolescentes, así como mujeres, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad.
