Madrid. El gobierno de Canadá apeló un fallo del Tribunal Federal que ordena indemnizar a niños indígenas que fueron discriminados en la prestación de servicios gubernamentales y se vieron obligados a abandonar sus hogares para tener acceso a los mismos.

El Ejecutivo Justin Trudeau presentó los documentos de apelación en la fecha límite marcada por el Tribunal Federal, que ratificó a finales de septiembre una sentencia de 2016 del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos, que dictaminaba un pago de 40 mil dólares canadienses a cada uno de los menores afectados o sus familias, al no haberse financiado el sistema de bienestar infantil en las reservas.

La ministra de Servicios Indígenas, Patty Hajdu, apuntó que si bien el gobierno apeló la decisión judicial, está trabajando con los grupos afectados para llegar a un acuerdo de compensación antes del final de este año, “aplicando un enfoque que sirva mejor a los niños”, informó el sábado la cadena canadiense CBC.

El gobierno quiere llegar al consenso fuera de los tribunales, una opción que los representantes de los menores han decidido explorar a partir del próximo lunes 1º de noviembre, con la participación de la Sociedad de Cuidado de Niños y Familias de las Primeras Naciones y la Asamblea de las Primeras Naciones.

Precisamente, la directora ejecutiva de la primera de estas agrupaciones, Cindy Blackstock, aceptó negociar un acuerdo, pero advirtió que si no se llega a uno, la parte indígena irá “a las audiencias rápidamente”. No obstante, mostró su rechazo a que el gobierno “haya convenido un calendario de reuniones aceleradas” y lamentó que, con ello, “parece que no se detiene la agresión” a la comunidad.

La jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Rose Anne Archibald, aseguró sentirse “decepcionada” de que el Ejecutivo “continúe presentando apelaciones”, aunque expresó que “alienta que se defina una fecha límite para llegar a un acuerdo”.

El argumento para impugnar la decisión del Tribunal Federal fue que éste se equivocó al encontrar que el Tribunal de Derechos Humanos “actuó razonablemente” en su decisión de ordenar una compensación monetaria para los niños y las familias afectadas.

“Canadá reconoce el hallazgo de discriminación sistémica y no se opone al principio general de que se debe proporcionar compensación a las personas de las Primeras Naciones (...) Sin embargo, otorgar una indemnización a las personas en la forma ordenada (...) fue incompatible con la naturaleza de la denuncia, las pruebas, la jurisprudencia anterior y la Ley de Derechos Humanos de Canadá”, defendió el Ejecutivo.

La disputa por la compensación se remonta a hace 14 años, cuando la directora ejecutiva de la Sociedad de Cuidado de Niños y Familias de las Primeras Naciones alertó que al no financiar los servicios infantiles en las reservas, la conducta de Ottawa equivalía a discriminación racial.

Algunas estimaciones sitúan el número de niños potencialmente afectados en unos 50 mil con el mayor número en la provincia de Columbia Británica. El fallo también cubre a los niños de las reservas en Yukón.