Guadalajara, Jal., Después de 21 años de lucha y de cárcel contra líderes, el Tribunal Superior Agrario ordenó la devolución de alrededor de 20 hectáreas a la comunidad indígena coca de Mezcala, asentada en la ribera del lago de Chapala.

El empresario Guillermo Moreno Ibarra, invadió y se apoderó de tierras del cerro El Pandillo y promovió un amparo, pues construyó casas de descanso con vista a la laguna, se apropió de cuerpos de agua y formó una guardia paramilitar para amedrentar a los opositores al despojo.

En rueda de prensa en Guadalajara, la comunera Rocío Moreno, quien en la lucha por recuperar las tierras fue apresada en 2011 como parte del proceso penal 318/2011-C contra 10 comuneros interpuesto por el empresario, por “daño a las cosas”, dijo que la decisión del tribunal tomada el 28 de octubre es inatacable. La sentencia del pleno del tribunal a favor de la comunidad ubicada en el municipio de Poncitlán y en la cual sobrevi-ven los últimos indígenas cocas que antes de la llegada de los españoles tenían numerosos asentamientos a las orillas del lago, ratificó la sentencia que en 2019 emitió el Tribunal Unitario Agrario del distrito 15, en la cual se condenó a Moreno Ibarra y a su prestanombres, el comunero Crescenciano Santana, a restituir las tierras ocupadas.

Según las denuncias contra Moreno, propietario de Carbonato de Calcio Sol y otras empresas de zapatos y bolsas de piel ubicadas en Guadalajara, desde 1999, cuando comenzó con la invasión de nueve hectáreas, ha ido creciendo el terreno del que se adueñó, primero hasta llegar a 12 hectáreas y actualmente por lo menos a 20.

Aunque esas tierras en el predio El Pandillo parezcan pocas comparadas con las 3 mil 600 hectáreas del territorio comunal de Mezcala, están situadas en un cerro estratégico frente al lago y han sido utilizadas como lugar de descanso por familiares y amigos del invasor.

“El predio que ilegalmente fue invadido por el empresario tapatío será de uso común, para disfrute de lo que decida la comunidad coca y debido a que desde 2008 se interpusieron medidas cautelares para que no se hicieran construcciones en el predio El Pandillo, el invasor está condenado a retirar bienes muebles, no así las construcciones realizadas”, señaló la comunidad tras conocerse la sentencia.

El 27 de octubre pasado, la víspera de la resolución del tribunal, los comuneros precisaron que el espacio será sede de la Universidad de la Tierra, en busca de que terrenos que fueron despojados y privatizados sean ahora zona de uso comunitario.

Sólo resta que el Tribunal Unitario de Guadalajara instruya la ejecución, con apoyo de las fuerzas del orden de ser necesario.