Oaxaca, Oax., El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) presentó ayer un informe sobre los sucesos violentos ocurridos por un conflicto agrario entre el 21 y 23 de octubre en las comunidades de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, pertenecientes al municipio de San Esteban Atatlahuca, donde, aseguraron, hubo al menos un muerto y cuatro desaparecidos.
Maurilio Santiago Reyes, quien encabeza el Cedhapi, señaló que en una visita a esa localidad de la Mixteca, miembros del organismo pudieron corroborar “la crítica” situación que se vivió en la zona y constataron que 90 casas fueron incendiadas en Guerrero Grande y 30 más en Ndoyonoyuji.
Además, encontraron el cuerpo de Isidoro Hernández, de 49 años, y en dos de las viviendas calcinadas había restos humanos, entre ellos dientes y partes de cráneos, por lo que suponen que hubo más personas asesinadas.
Santiago Reyes detalló que hay registro de cuatro desaparecidos: Mayolo Quiroz Barrios, Miguel Bautista Avendaño, Marcos Quiroz Riaño y Donato Bautista Avendaño, todos de Guerrero Grande. Agregó que durante el recorrido también localizaron cartuchos de diversos calibres y certificaron manchas hemáticas, así como tiendas y hogares saqueados; también fue robada una campana que data de 1910.
Pugna agraria data de 1880
Valeriano Riaño Bautista, habitante de Guerrero Grande, explicó que el problema entre estos tres poblados es con la cabecera municipal, es decir San Esteban Atatlahuca, y data de 1880, cuando estas comunidades existían de forma separada; en aquel entonces había una disputa por las tierras; sin embargo, hubo un acuerdo de conciliación y respeto.
En el siglo XX, Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji pasaron a formar parte de Atlatahuca y ahí comenzaron nuevamente las confrontaciones, principalmente porque las autoridades municipales han intentado deforestar las zonas boscosas, a lo que los habitantes de esos pueblos se oponen; incluso han ganado diversos amparos para expulsar empresas madereras de la región.
Según Riaño Bautista, la situación se ha complicado porque desde 2019 el alcalde Rogelio Bautista Barrios se ha negado a entregarles las participaciones correspondientes a los ramos 28 y 33, lo que ha provocado que pobladores de las comunidades afectadas interpongan diversos recursos jurídicos.
