Al recurso de apelación, que ingresó hace más de un mes en el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) en Lausana por la sanción de dopaje que concluirá en 2026, y a la espera de una audiencia, Guadalupe González no dobla las manos para seguir insistiendo en su inocencia.
“Hay muchas irregularidades y hemos presentado una denuncia formal ante la WADA (Agencia Mundial Antidopaje, por sus siglas en inglés) para que no tengan efecto los controles antidopajes realizados en México”, sostuvo Adrián Camargo, el tercer abogado que toma el caso de la subcampeona olímpica de marcha.
El litigante en derecho deportivo dijo que “detectamos ciertos vicios en el sistema del Comité Nacional Antidopaje” por personal de esa área que no están certificados ni acreditados oficialmente para analizar las muestras de orina y sangre.
Explicó en conferencia virtual que Fernando Cabrera y Fabiola Baltazar trabajan en esa dependencia y fueron los que le hicieron el control a Lupita en 2018 sin tener la certificación vigente, por lo que solicitan al TAS que sean inhabilitados.
“Lupita siente impotencia porque no pudo demostrar su inocencia, pero tiene confianza de que se va a resolver y va a estar en París”, agregó Camargo.
El pasado 13 de agosto, la Unidad de Integridad de Atletismo extendió la sanción por otro cuatrienio más que ya venía cumpliendo desde 2018 la marchista por haber cometido “una violación de las reglas antidopaje”, el cual comenzará el 16 de noviembre de 2022 y concluirá en 2026.