Representantes de sindicatos independientes del sector educativo, científico e investigación consideraron que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de sustituir la jurisprudencia 1/96 “representa un ataque contra la clase trabajadora”, toda vez que dicha medida limitaría sus derechos de libre sindicalización, huelga y contratación colectiva.
La segunda sala de la Corte aprobó hace un par de semanas sustituir la jurisprudencia 1/96 que estaba vigente desde hace 25 años, y estableció que las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados podrán regirse por el apartado B del ar-tículo 123 constitucional.
Alejandro Valdés Cruz, secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud, señaló que tal resolución vulneraría los derechos laborales de miles de trabajadores al servicio del Estado, que serían trasladados del apartado A al B, lo que pondría en riesgo sus contratos colectivos al considerarlos como personal de confianza.
En conferencia de prensa conjunta con Norma Aurora Camacho, secretaria del exterior de la Asociación Sindical de Trabajadores del INVI, y de Raúl Pérez Ríos, secretario de relaciones del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de la Educación Media y Superior, indicaron que la reducción de derechos laborales provocaría una mayor precarización laboral, además de que se da “continuidad al acoso contra el sindicalismo independiente”.
Añadieron que si bien la aplicación de dicho criterio no será retroactivo esta “versión es engañosa”, porque, finalmente, será decisión de la parte patronal decidir a qué apartado de la ley corresponderán los trabajadores.
También mencionaron que el cambio de jurisprudencia afectaría a los organismos de nueva creación y la relación laboral la determinarían los legisladores.
