Ciudad de México. El partido Fuerza por México ha realizado diversos pagos no autorizados a supuestos proveedores, que ascienden ya a casi 34 millones de pesos, a pesar de estar en un proceso de pérdida de registro por no haber alcanzado el 3 por ciento de votación en la pasada elección. Por ello el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que deberá devolver esos recursos públicos en un plazo de cinco días.

Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, resaltó que el acuerdo aprobado hoy en sesión extraordinaria “es una respuesta a un caso inusual, incluso podríamos decir insólito y cuya gravedad es difícil de exagerar”.

Explicó que el partido, que encabeza el líder sindical Pedro Haces, actualmente se encuentra en etapa de prevención, que inició inmediatamente después de conocidos los cómputos distritales, y tiene como objeto someterlo a ciertas restricciones para garantizar la correcta aplicación de sus recursos. “Si bien puede realizar gastos indispensables para su sostenimiento ordinario, destacadamente el pago de la nómina previamente existentes así como de impuestos, esto debe realizarse bajo la supervisión” de un interventor, que fue designado por esta autoridad desde el mes de junio.

En este sentido, expuso que el interventor de Fuerza por México informó que dicho grupo ha estado realizando diversos gastos o pagos “sin su autorización contraviniendo la normatividad en materia de prevención y liquidación de los partidos políticos, y no se trata de hecho aislados ni de montos menospreciables ha sido una conducta sistemática”.

“Ha erogado multiples gastos no autorizados que ascienden ya a casi 34 millones de pesos, a pesar de las recurrentes reconvenciones y advertencias que el interventor le ha manifestado. Esta es una conducta infractora y dolosa que el INE no puede pasar por alto, una conducta que viola normas no sólo de fiscalización sino los principios constitucionales que rigen la misión de los partidos políticos, su razón de existencia, en la vida democrática y el sentido mismo del financiamiento público”, dijo.

Ante ello, los consejeros electorales aprobaron adoptar medidas “inmediatas y eficaces” para frenar esta conducta e iniciar un procedimiento oficioso para deslindar responsabilidades, aplicar las sanciones que correspondan y, según lo que se desprenda de la investigación, dar vista a las autoridades competentes por los probables ilícitos que se detecten más allá de lo que competen a este instituto.

Entre las medidas preventivas está mancomunar las firmas de las cuentas bancarias del partido con la finalidad de incluir en ellas mismas la firma del interventor, y suspender la realización de cualquier pago o gasto durante el tiempo que lleven las gestiones necesarias para realizar el citado cambio, con excepción del pago de nómina e impuestos.

De igual manera, presentar un informe relativo a los recursos del patrimonio con los que se contaba al iniciar el periodo de prevención así como el desglose del monto de las erogaciones, los conceptos y las autorizaciones otorgadas en cada caso por el interventor, así como que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos retenga el depósito de las prerrogativas a que tiene derecho, en este caso en noviembre y diciembre hasta en tanto se le proporciona el número de la cuenta mancomunada”.