A pesar de los muchos problemas por los que atraviesan, las universidades públicas son un lugar extraordinario; un espacio en el que se investiga, enseña y difunde el conocimiento en el más alto nivel posible y mediante el gozo de una gran libertad. Estas instituciones lograron en Europa una independencia del poder político desde 1088 en Bolonia, 1150 en París, siglo XI en Oxford o 1218 en Salamanca, entre otros. En América Latina es célebre el movimiento de Reforma de Córdoba en 1919. En nuestro país, el Estado decretó la autonomía universitaria en 1929 y se incorporó al artículo tercero constitucional en 1979. La causa de esta decisión fue el reconocimiento de que las instituciones de educación superior requieren una relativa independencia respecto de los movimientos políticos respetando la libertad de cátedra e investigación; el libre examen y discusión de las ideas; la determinación de sus planes y programas de estudio; el establecimiento de los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administración de su patrimonio.
Las universidades, pero en especial la UNAM, ha pasado en su historia, al menos, dos momentos críticos: el debate entre la derecha y la izquierda por la definición socialista de la educación pública y que dejó fuera de su efecto a las universidades (he publicado un análisis de ella en mi libro Esbozo histórico de la filosofía en México, Siglo XX, que puede consultarse en forma libre en www.cefilibe.org) y un segundo momento crítico como lo fue el movimiento estudiantil-popular de 1968 en que los universitarios encabezaron una lucha extraordinaria por las libertades democráticas, aunque, por desgracia, pagaron su osadía con su vida, sacrificio personal y familiar y libertad. En ese periodo se violó flagrantemente la autonomía universitaria por la policía primero y el Ejército después. En este caso, la autonomía fue el lugar simbólico desde donde las universidades defendieron las mejores causas de nuestro país.
Sin embargo, como se sabe, ninguna institución puede escapar a las condiciones sociales e históricas en que se desarrolla y fue por ello que, a pesar de su autonomía, la mayoría de las universidades no pudieron escapar a las condiciones de antidemocracia que ha vivido México: dos de ellas han sido el corporativismo y la corrupción. En estos casos, la autonomía ha sido violentada y distorsionada por el poder político. Se sabe muy bien que las autoridades universitarias, con frecuencia, son impuestas por las autoridades gubernamentales o grupos de poder a través de juntas directivas aparentemente autónomas, pero también existen otros casos en que ciertos grupos dentro de las instituciones se convierten en “dueños” de la universidad y logran, con astucia, su independencia de los poderes locales y aun federales. En estos últimos casos, las universidades se convierten no sólo en un botín económico sino también político a partir del manejo del presupuesto y de la manipulación o represión de jóvenes que mantienen en la ignorancia sobre la conformación interna del poder o mediante su perversión al convertirlos en aprendices de mafiosos.
El otro modo de anular la autonomía fue la estrategia neoliberal puesta en marcha por Carlos Salinas de Gortari, quien desde el gobierno impuso una serie de mecanismos, bien conocidos por los universitarios y que han establecido la fragmentación del salario mediante becas que tienen que ser logradas a partir de un esfuerzo extra. En otras palabras, un profesor de tiempo completo titular del más alto nivel cobra alrededor de una tercera parte de su salario base (para que no tenga consecuencias para su jubilación) y a él se agregan becas de varias clases que sólo puede obtener si imparte más clases de las exigidas; si ofrece conferencias, si modifica planes y programas de estudio o si publica libros y papers (buenos, malos o regulares, no importa) entre otras actividades establecidas con acuciosidad en tabuladores. El profesor tiene que acceder a esos puntos para ganarse las becas, es decir, trabajar a destajo: cuántos ladrillos pegaste cuánto te pago. Esto ha implicado la implantación de un productivismo cuya calidad no es sancionada pero también la dedicación a temas de investigación que, por arte de magia, no tocan, salvo destacadas excepciones, la grave problemática por la que atraviesa el país. Así se ha logrado silenciar a la comunidad universitaria.
Todo esto nos lleva a proponer que el Presidente de la República, si realmente quiere acabar con el neoliberalismo en las universidades: 1) establezca una serie de medidas que erradiquen realmente a las mafias que controlan esas casas de estudio; 2) elimine la fragmentación del salario y su perversión para conseguirlo, y 3) establezca las bases para una jubilación digna.
* Profesor-investigador de la UAM-I
