La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es “un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión”. Se encarga de “garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil” (www.gob.mx/ceav).

En esa condición ha expresado su inconformidad con las conclusiones que ha anunciado la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del joven veracruzano José Eduardo Robledo, fallecido en julio pasado en Mérida, Yucatán, luego de haber sido detenido por policías municipales.

El extrañamiento de la CEAV se centra no sólo en el hecho de que la FGR adelante presuntos resultados finales de una investigación que está en curso, sino incluso en la manera de comunicar esos supuestos resultados sin avisar ni tomar en cuenta a los familiares de Robledo, cuyo caso sigue estando bajo la lupa, por señalamientos de abusos de autoridad, tortura y agresiones mortales por policías de aquella entidad, y de encubrimiento institucional.

Llama la atención que esta comisión, cuyo director general es Erick Javier Martín Salas, señale abiertamente la actuación apresurada, insensible e infundada de la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero, a quien desde ámbitos ajenos al gobierno federal se critica con insistencia por razones parecidas a las planteadas por la CEAV (también es llamativo, aunque es sabido que un retuit no significa adhesión, que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, haya reproducido en su cuenta el mensaje de la citada comisión).

La reacción de esta comisión se produce, además, en el contexto de una gira del Presidente de México por Yucatán, donde reconoció que se cuenta con los índices más bajos de delictividad del país. Aunque advirtió que hay casos que “se lamentan”, como el del joven Robledo, quien “fue detenido y hay indicios de que fue vejado y perdió la vida”. Aseguró que no habría impunidad, pues la FGR ya había atraído el caso.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que “los gobernadores de Yucatán han sabido garantizar la paz y la tranquilidad en el estado”, elogio que abarcó al actual, el panista Mauricio Vila Dosal, quien dejará el cargo en 2024, pero ha de entenderse que también a algunos de sus polémicos e impugnados antecesores, como Rolando Bello Zapata, Ivonne Ortega Pacheco (llegados ambos al poder a nombre del PRI) y el panista Patricio Patrón Laviada.

En otro tema: en la serie de señalamientos críticos que AMLO ha dedicado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apareció, como ejemplo del predominio priísta o neoliberal en esa institución, el nombre del médico José Ramón Narro Robles, quien fue director de la Facultad de Medicina, rector, durante dos periodos, de la máxima casa de estudios y se le reputa como jefe político de un grupo que aún mantiene el poder mediante Enrique Graue.

Narro (tiene un homónimo, el senador ahora morenista José Narro Céspedes, dirigente agrario que ha sido dos veces diputado local y tres veces federal) ciertamente es un botón de muestra de los entreveramientos del priísmo y lo universitario. Fue secretario de Salud con Enrique Peña Nieto como ocupante de Los Pinos, se ilusionó con ser candidato presidencial priísta en 2018 y, en 2019, con presidir el partido en el que militó durante 46 años, hasta que renunció a tal organización en junio de ese mismo 2019.

Grupos de poder como el que han ensanchado personajes como Narro Robles han ocupado las posiciones clave de mando en las universidades públicas, al amparo de una legalidad a modo que les permite ir acomodando y reacomodando a sus piezas en el tablero directivo e ir tratando de encaminar el trabajo académico hacia rutas adscritas a los mapas de los poderes políticos y económicos dominantes. En retribución, esos jefes universitarios suelen recibir cargos ejecutivos en la Secretaría de Salud y en institutos como el Mexicano del Seguro Social. ¡Hasta el próximo lunes!

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