Tibú. Campesinos cocaleros liberaron ayer a 180 soldados del ejército colombiano que retuvieron el martes cuando realizaban operaciones antidrogas en un poblado de la frontera con Venezuela, informó la Defensoría del Pueblo.

En la tarde se dio la decisión unilateral de las comunidades de retirarse del lugar y de no impedir el trabajo de la fuerza pública, aseguró la Defensoría del Pueblo.

Según el ejército, campesinos armados con palos y machetes rodearon a las tropas que destruía cultivos de coca en Tibú, municipio del departamento de Norte de Santander que concentra los mayores sembradíos a nivel mundial de esta planta usada para extraer cocaína.

Más temprano, el presidente Iván Duque acusó a los cocaleros de “secuestro” y les advirtió que las autoridades actuarían en la zona si no se daba la “liberación rápida” de los uniformados.

Un equipo de la agencia de noticias Afp vio cuando los campesinos se retiraron de la escuela donde se encontraban retenidos los soldados. “El ejercito no fue víctima de ningún tipo de violencia o secuestro”, afirma un comunicado divulgado por los campesinos cocaleros.

“El cerco humanitario se realizó con el fin de evitar posibles violaciones a los derechos humanos, por los antecedentes de 2020, cuando murieron dos campesinos en labores de erradicación en los municipios de Cúcuta y Sardinata”, agrega el texto.

Los cocaleros suelen tener choques con los militares que destruyen plantíos.

En otro asunto, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan cerró el examen preliminar a Colombia en el que estaba el país desde 2004 y por tanto decidió no abrir una investigación oficial, en una decisión que celebró el presidente Iván Duque.

“Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales, al igual que las reglamentarias con base en el principio de complementariedad y me complace decir que la puedo retirar de la etapa de examen preliminar”, indicó el fiscal Khan, quien cumple su primera visita a la región.

La CPI llevaba a cabo un examen preliminar de la situación de Colombia desde 2004 que consistía en observar cómo estaba funcionando la justicia y, en caso de fallas, abrir una investigación formal por crímenes de lesa humanidad, indicó Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.

Tras el cierre del examen, la CPI y el Estado colombiano firmaron un acuerdo de cooperación en el cual el gobierno se comprometió a presentar un informe anual sobre el trabajo que realiza para alcanzar la paz, la justicia y la rendición de cuentas.

En el nuevo acuerdo, el gobierno colombiano se comprometió a seguir apoyando la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) para que continúe sus investigaciones y reciban los fondos necesarios.