El director general del Instituto de Planeación, Pablo Benlliure, señaló que de 3 millones de viviendas que existen en la Ciudad de México, 207 mil están deshabitadas, mientras en 540 mil viven familias hacinadas, de las cuales 15 por ciento están en zonas de riesgo.
Durante el foro Derecho a la Ciudad y Acceso a la Justicia Ambiental, organizado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el funcionario detalló que, por otra parte, la ciudad expulsó en las dos décadas anteriores 400 mil hogares pobres, de los cuales 100 mil se fueron a suelo de conservación.
Ante este escenario, indicó que el reto en los próximos 20 años es construir 12 mil 300 viviendas anualmente para la gente de bajos ingresos y evitar la migración de más familias, tras señalar que 75 por ciento de los hogares que se han ido formando se van a la zona metropolitana.
Además de las viviendas desocupadas, señaló que existen terrenos por 10 kilómetros cuadrados de estacionamiento y 50 mil predios baldíos en excelentes localizaciones, por lo que se pronunció por regresar a la función social de la propiedad de la tierra.
Consideró que los programas no sólo deben ordenar, sino gestionar el territorio, contar con instrumentos de gestión urbana y ambiental, con el objetivo de disminuir sustancialmente el costo de vivir en la ciudad, no sólo en cuestión de la vivienda, sino también lo que implican los traslados.
Dijo que se enfrenta un reto institucional no sólo en la vivienda que ya existe, sino también en la nueva, pues se estima que alrededor de 30 mil de estas viviendas en la ciudad no se han podido vender.
Abusos de inmobiliarias
A su vez, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gómez Cruz, afirmó que el desarrollo inmobiliario es uno de los principales motores de la economía de la ciudad, por lo que “vamos a hacer todo para que se active”, pero no con abusos, sino en el marco de la legalidad y el derecho.
Comentó que por ello se han dado facilidades administrativas, pero hay quienes han aprovechado esta situación para decir “yo me inscribo en la reactivación, pero una cosa pequeña, cámbiame el uso de suelo. Pero eso no sucede ni va a suceder.
“Es una lucha cotidiana con las empresas y las organizaciones, es difícil, pero hay que ser firmes en la aplicación de la ley sin distinción”, refirió, al señalar que se frenaron los abusos que hubo en la administración anterior, lo que sirvió para que el sector inmobiliario trabajara apegado a la norma y ahora hay equidad y piso parejo para todos.
