Ciudad de México. La pandemia de Covid-19 agudizó las difíciles condiciones de los 2 millones de presos en penales de América Latina de suyo graves por la sobrepoblación generalizada que en algunos casos alcanza hasta el 300 por ciento. Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre centros de reclusión, organizaciones latinoamericanas denunciaron el incremento de casos de tortura y malos tratos; aislamiento de reos, cancelación de visitas familiares y reducción del monitoreo de organismos derechos humanos, al tiempo que se registraron varias masacres en su interior.

Durante su intervención, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para América del Sur, Jan Jarab reconoció que la crisis que enfrentan los penales en América Latina deriva del hacinamiento y el abuso de prisión preventiva como forma de castigo anticipado, lo que ha triplicado la población en la última década. La pandemia detonó las indignas condiciones que prevalecían pues la falta de infraestructura derivó en mayor riesgo de contraer Covid; se incrementaron los castigos por las protestas y las tensiones se convirtieron en caldo de cultivo para el crimen organizado en el interior.

Tras escuchar las denuncias de las organizaciones la relatora de la CIDH, Esmeralda Arosemena la relatora equiparar las condiciones de los penales a “campos de concentración donde la vida de las personas no tiene ningún valor y lo que se espera es su muerte”. Consideró necesario una mayor responsabilidad de los estados pues en la actualidad no hay políticas que reconozcan la “dignidad de estas personas”.

En este contexto, las denuncias con respecto al caso mexicano se refieieron exclusivamente a la lentitud que ha tenido el programa de liberación anticipada pues de un total de 6 mil presos potencialmente beneficiarios, solamente se han presentado mil 500 solicitudes, de las cuales hay 47 procedentes pero únicamente se ha liberado a 4 personas. Para México, la denuncia también se concentró en la estaciones migratorias en donde las autoridades no han establecido protocolos sanitarios.

Durante la audiencia se denuncian masacres en penales de Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador,.

Jorge Luis Flores, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dijo que los casi dos millones de presos en América Latina han vivido una verdadera pesadilla a partir de que se desató la pandemia.

Con la participación de organismos de al menos diez países latinoamericanos. Se cuestionó que la pandemia ha sido el pretexto ideal para que se cancele la supervisión de organismos de derechos humanos por lo que se han incrementado los casos de tortura, tratos crueles y aislamiento.

Jarab destacó que las restricciones de las visitas familiares en el contexto de la pandemia lo que ha incrementado la ansiedad y tensiones en los centros penitenciarios, impactando en la salud mental de los internos; ha restringido el ingreso de alimentos por lo que en muchos centros de reclusión se incrementó el hambre entre los reos.