Organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile las movilizaciones encabezadas por mujeres y se pronuncie ante presuntas violaciones al derecho a la libre expresión, reunión pacífica, integridad, privacidad y una vida libre de violencia de las manifestantes.
Lo anterior, tras denunciar que el Estado “ha respondido con violencia y discursos estigmatizantes, afirmando que son movimientos conservadores” para restarles legitimidad, “ignorando los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y cometiendo violaciones a derechos humanos”.
En una audiencia pública de la CIDH, Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, entre otras, también solicitaron a este organismo internacional que exhorte al Estado mexicano a que reconozca la legitimidad de las manifestaciones encabezadas por mujeres, así como que investigue las violaciones que han vivido sus participantes.
Carla Inés Ríos, del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, mencionó que durante 2020 y lo que va de 2021 las organizaciones han documentado represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos 10 entidades de la República: Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, estado de México, Querétaro y la Ciudad de México, mismas que “tienen en común que durante las detenciones y traslados de las personas detenidas, varias de ellas, incluyendo niñas, sufrieron violencia física, sicológica, verbal y sexual, basada en estereotipos de género, seguido en algunos casos del inicio de procesos penales en su contra”.
El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández, expuso que la reacción policial, en su mayoría proveniente de autoridades de las entidades federativas o municipales “han producido violaciones de múltiples derechos humanos, expresadas en el uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza, detenciones también arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, estigmatización y criminalización”.
Al respecto, Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), manifestó que éste órgano trabaja para garantizar la libertad de expresión de las mujeres y de todos sus derechos. “Estamos en contra de criminalizar la protesta y somos empáticas con las manifestaciones de las mujeres”.
Capacitación a cuerpos de seguridad en el país
Por su parte, la representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alma Arriola Beltrán, señaló que se han diseñado capacitaciones y protocolos para mejorar la actuación de los cuerpos de seguridad en la nación.
En su turno, Julissa Mantilla, primera vicepresidenta de la CIDH, resaltó que en el caso concreto de los derechos de las mujeres, todos se han conseguido fundamentalmente por la protesta.
