Ante la creciente incorporación de nuevas tecnologías adquiridas por gobiernos en Latinoamérica para el espionaje a opositores y activistas, organizaciones sociales demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir estándares para evitar violaciones a derechos humanos. Ante relatores del organismo, se denunció el caso mexicano con el software Pegasus, adquirido en gobiernos pasados con “total opacidad”, bajo el pretexto del combate al crimen organizado, que derivó en el seguimiento a opositores.
Durante una audiencia virtual, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, dijo que, paradójicamente, la polémica adquisición de ese programa estuvo relacionada con serios indicios de colusión con el crimen organizado, contra el que supuestamente iba dirigida la compra de este equipo. En su lugar, se terminó espiando al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia o al grupo de expertos de la CIDH que colaboró en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Hasta donde se conoce, el programa fue operado por la Procuraduría General de la República, el Ejército y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Se “atacó” a periodistas y el caso más grave fue el de Cecilio Brito, quien fue asesinado a dos semanas de que le fue implantado el seguimiento.
El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca, sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías no es “problema del futuro, sino del presente” que está llevando este tipo de vulneraciones a otra dimensión. Consideró necesario promover una “moratoria” para que hasta en tanto no haya estándares específicos que regulen un uso legítimo y acotado, no se adquiera esta tecnología como herramienta de vigilancia.
En el caso mexicano, las organizaciones presentaron una petición formal a la CIDH para que exhorte al gobierno a cumplir su compromiso de transparencia en torno a la compra y utilización de Pegasus. García señaló que el ofrecimiento de la administración actual no ha avanzado, por lo que aún no se conocen los perpetradores de toda esta trama.
Colombia fue otro caso de abuso denunciado: militares adquirieron equipo para realizar “ciberpatrullaje”. Jonhatan Bock, de la Fundación para la Libertad de Prensa, denunció la operación castrense para la vigilancia durante las pasadas movilizaciones por el paro nacional en Colombia. Sostuvo que fue un programa que invadía la privacidad de las personas que no conocían el seguimiento que se les daba y que derivó en afectaciones a la libertad de expresión y manifestación.
A nombre del Centro por la Justicia Internacional, María Leoni describió el preocupante crecimiento del uso de estas tecnologías que amenazan las democracias en la región por la intromisión en la privacidad de las personas y la utilización para el monitoreo de protestas sociales. Invocando la seguridad nacional, se almacena información de activistas y opositores, operando sin regulaciones para acotar el abuso y evitar violaciones a los derechos humanos.
