En el primer trimestre de 2023, año a cuyo final es de suponerse estarán postulados los candidatos presidenciales en México, habrá de culminar en Estados Unidos el juicio a Genaro García Luna, según lo señalado ayer por el juez que lleva el caso, quien fijó el 24 de octubre de 2022 para el inicio de ese proceso, que deberá cumplirse en unas ocho semanas aunque, de haber previsibles retrasos, arrancaría hasta enero de 2023. De una u otra forma, y tomando en cuenta el receso decembrino, todo apunta a que sea en la temporalidad mencionada al principio de este párrafo cuando se resuelva el litigio.

El desenlace tendrá explicables repercusiones políticas y electorales en México. Hasta ahora, Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo han eludido a medias el seco golpe que significa el hecho de que el citado García Luna, virtual vicepresidente policiaco de México durante la administración felipista, esté preso y en vías de ser procesado bajo acusaciones de haberse puesto él, y la administración a la que perteneció, al servicio de cuando menos un cártel nacional de narcotráfico.

Calderón buscó construirse un blindaje a título de partido político (México Libre, se habría llamado) y mantiene un activismo tuitero adverso a Palacio Nacional y sus políticas. En las negociaciones con Acción Nacional, posteriores a la negativa de registro a México Libre, Zavala Gómez del Campo fue postulada para una diputación federal por un distrito de la Ciudad de México, donde obtuvo el triunfo por amplia mayoría.

El calderonismo y el PAN (en nombre de este partido, Felipe ocupó Los Pinos de 2006 a 2012) serían impactados con fuerza si las resoluciones judiciales en Estados Unidos confirman que la “guerra contra el narcotráfico” fue en realidad una maniobra para poner al servicio del crimen organizado una estructura gubernamental federal. Los datos y detalles que llegaran a saltar de los expedientes acumulados en Estados Unidos a los medios serían material sumamente dañino para la derecha en su intento de recuperar el poder en 2024.

Otra posibilidad correría por el sendero de las negociaciones para que García Luna y el arsenal de más de un millón de documentos y de material audiovisual queden en un plano discreto, con un castigo menor para el ex secretario de Seguridad Pública a cambio de delaciones disponibles para el interés político estadunidense en tiempo y forma que éste determine. En esta hipótesis, calderonismo y panismo serían afectados en menor cuantía y eventualmente podrían sentirse en condiciones de proclamar inocencia respecto al denso caso de García Luna y cárteles asociados.

Con pocos resultados palpables en lo general, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, ha dado a conocer una recomendación llamativa, pero ha de verse si eficaz (sabido es que sus resoluciones no son vinculatorias, pero justamente en su autoridad moral y habilidad política descansa la funcionalidad o no de tales instituciones).

El tema es delicado: Mario Aburto, sentenciado como responsable formal del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en marzo de 1994. La CNDH confirma la práctica de tortura y las distorsiones procesales contra quien fue detenido en Lomas Taurinas, colonia tijuanense, luego de los disparos que terminaron con la vida del entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional.

Dicha ejecución fue indagada con intensidad, pero desde ópticas y resortes de los poderes vigentes. Tanta intensidad y operaciones en busca de credibilidad iban justamente en sentido proporcional a las especulaciones generalizadas sobre la autoría intelectual de ese asesinato desde esferas de altísimo nivel, por decisión personal de esa cumbre o de sus allegados en el ejercicio del poder, por la vía sanguínea o fuera de ella.

Difícil parece reabrir la investigación correspondiente y atender el caso a la luz de la nueva configuración del poder presidencial. Habrá de verse cuánto se avanza en ese propósito. ¡Hasta mañana!

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