La secretaria en funciones de jueza del juzgado séptimo de distrito en el estado de México, Claudia Irene Gámez Galindo, emplazó al gobierno federal para que, a más tardar en cinco días, inicie la vacunación contra el Covid-19 a todos los menores de 12 a 17 años, sin importar su estado de salud. La juzgadora otorgó una suspensión definitiva con efectos generales con el argumento de que la variante delta del coronavirus, en circulación desde mediados de año, “se caracteriza por tener una mayor transmisibilidad, así como por afectar a adolescentes y niños en proporciones más elevadas que otras variantes”, y advirtió que incumplir el mandamiento judicial implicaría el delito de “abuso de autoridad” y “dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos conducentes”.
La sentencia resulta aberrante desde cualquier perspectiva y es insostenible incluso en sus propios términos, toda vez que Gámez Galindo apela a la peligrosidad de la variante delta y presenta las cifras de personas menores de 24 años muertas por Covid-19 durante 2020, periodo en que tal cepa no existía. Asimismo, es inquietante que una autoridad carente de cualquier formación médica y epidemiológica se arrogue la última palabra en el debate mundial en torno a los posibles efectos negativos de las vacunas en el organismo de los menores de edad, y a la necesidad de proporcionar el inmunológico a este grupo etario en un contexto de recursos limitados (pues debe recordarse que decenas de países no han podido administrarla ni siquiera a uno por ciento de la población).
Lamentablemente, puede anticiparse que la escandalosa resolución emitida ayer no será un caso aislado, pues cada día los tribunales del país reciben en promedio 200 recursos de amparo para que se aplique la vacuna anti-Covid a menores de 18 años de edad, y hasta el pasado 8 de octubre tutores, colectivos u organizaciones no gubernamentales ya habían presentado 4 mil 613 demandas de este tipo contra la Secretaría de Salud (Ssa).
El que algunos juzgadores den curso a estos juicios y se atribuyan la potestad de dictar políticas de salud pública evidencia el grado de extravío institucional alcanzado por el Poder Judicial. Gámez Galindo y otros togados son pruebas vivientes de los vicios y la degeneración de un sistema de justicia que ha llegado al extremo de frenar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por considerarla violatoria de los derechos humanos de un grupo de interés empresarial conservador encabezado por Claudio X. González Guajardo. Tan disparatado es que un tribunal busque someter la política de infraestructura al gusto de un grupo de choque corporativo, como que ordene la administración de fármacos en una población para la cual no han sido creados en cantidad suficiente ni probados de manera satisfactoria.
En uno y otro caso, lo que se observa es una manifiesta voluntad de obstruir y sabotear el funcionamiento de instituciones de gobierno, designio en el cual los togados se colocan al margen de su mandato constitucional para sumarse a la ofensiva emprendida por la oposición partidista, comentaristas, líderes empresariales y otros actores. Si este intento de adquirir por medios extralegales un mandato que no les concedieron las urnas es deplorable en cualquier ámbito, resulta llanamente criminal cuando lo que está en juego es un asunto tan crítico como la salud pública y la lucha contra la pandemia.
La frivolidad, superficialidad y carencia de sustento con que Gámez Galindo dictó su fallo amenaza con distraer a las secretarías de Salud federal y estatales de su tarea central, que es la atención a los enfermos y el suministro del esquema completo de las vacunas disponibles a los adultos. Urge que el Consejo de la Judicatura tome cartas en el asunto para poner fin a estas insensateces tan inoportunas como peligrosas.
