Bogotá. Más de 15 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en Colombia en el trimestre de julio a septiembre debido a acciones violentas de grupos armados, lo que representa un incremento de más de ciento por ciento con relación al mismo periodo del año pasado, reveló ayer la Defensoría del Pueblo.
“Durante julio, agosto y septiembre se reportaron 21 casos de desplazamiento forzado por la violencia en varias regiones del país”, indicó la Defensoría en un informe.
Añadió que resultaron afectadas 5 mil 266 familias en los “departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca”, de acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en el comunicado del organismo.
En comparación con el mismo trimestre de 2020, el número de familias afectadas se incrementó 213 por ciento (mil 682 el año pasado) y 107 por ciento el de personas (7 mil 542 contra 15 mil 644), ocho comunidades afro y cuatro indígenas se cuentan en la lista.
En tanto, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, demandó “apoyo” para la Jurisdicción Especial de la Paz, durante una visita oficial a Colombia, al señalar que esa instancia marca “la diferencia” para muchas víctimas del conflicto armado.
La CPI investiga desde hace 17 años al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos.
En otro orden, el ministerio de Defensa reportó que 17 integrantes del Clan del Golfo fueron detenidos, tras la captura de su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, el pasado fin de semana en el norte del país.
Mientras, un juez autorizó en primera instancia la eutanasia de Martha Sepúlveda Campo, quien podría convertirse en la primera persona en acceder a ese derecho sin tener una enfermedad terminal. Sepúlveda padece esclerosis lateral amiotrófica.
