Chihuahua, Chih., Durante su quinquenio, el panista Javier Corral Jurado dejó de pagar a la Universidad Autónoma de Chihuahua 600 millones de pesos obtenidos del llamado impuesto universitario, que se cobra a los automovilistas por tenencia, acusó la nueva gobernadora, también panista, María Eugenia Campos Galván. Agregó que el despacho del ahora ex mandatario utilizó de forma discrecional tarjetas de crédito corporativas a nombre del gobierno del estado, entre otras 824 irregularidades detectadas en secretarías, organismos descentralizados y fideicomisos como resultado del proceso de entrega y recepción de la administración estatal.
María Eugenia Campos reveló que el despacho del gobernador es una de las áreas con más observaciones, y se investigan gastos del ex mandatario con cargo al erario por medio de tarjetas de crédito. “Por ahí alguien me contó que tenían tarjetas de crédito corporativas, pero no me ha tocado ninguna. No sabemos cómo estaban funcionando esas tarjetas, pero deben estar ahí, muy seguramente con adeudo.
“La mayoría de las irregularidades están en las secretarías de Educación y de Salud, el despacho del gobernador y la jefatura de gabinete. Se va a investigar con el debido proceso; algunas tendrán consecuencias penales; otras, administrativas”, advirtió.
La gobernadora añadió que, además de la omisión en la entrega del impuesto universitario, se ejercieron como gasto corriente los subejercicios de fondos federales y los recursos del impuesto sobre nómina que estaban etiquetados para la Fundación del Empresariado Chihuahuense y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, y no fueron entregados.
“Son recursos etiquetados que tienes que dar a las dependencias. Yo lamento mucho que la administración pasada haya usado el impuesto universitario para otras cosas y no para la universidad.”
Respecto a las observaciones, ya fueron citados a comparecer los ex secretarios de la Función Pública y de Hacienda de la administración de Javier Corral, informó María de los Ángeles Álvarez Hurtado, titular de la Función Pública designada por María Eugenia Campos.
Como parte del proceso de entrega-recepción de la administración estatal, los ex funcionarios tienen 15 días para responder. “Son 824 irregularidades detectadas en secretarías, organismos descentralizados y fideicomisos, las cuales haremos del conocimiento de las autoridades salientes para que nos las aclaren; si se encuentra alguna irregularidad administrativa, se iniciará un proceso de responsabilidad”.
Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro Ramírez, dio a conocer que interpuso una denuncia penal “contra quien o quienes resulten responsables” porque no recibió los 600 millones de pesos del impuesto universitario, el cual se obtiene anualmente con el cobro de una sobretasa de 4 por ciento en la tenencia o derecho vehicular pagado por los automovilistas.
Dicho cobro se realizó y aparece en el estado de cuenta y los recibos de pago de los propietarios de automóviles, pero los recursos obtenidos nunca fueron entregados.
“Había una interpretación con la que nunca estuvimos de acuerdo, según la cual esa parte del impuesto universitario era parte del subsidio estatal, pero es una aportación que dan directamente los ciudadanos a la universidad”, dijo el rector.
