En el reporte del personal técnico del FMI al gobierno mexicano, hecho público el 8 de octubre pasado, se entregaron proyecciones sobre comportamientos futuros del PIB y del ingreso real per cápita. Se señala que, en este momento, la prioridad es “salvaguardar la recuperación, preservar la estabilidad económica y promover un crecimiento inclusivo y sostenible”. Dado que México cuenta con espacio fiscal y tiene acceso cómodo a los mercados financieros, el FMI propone un aumento en el gasto público en 2022 equivalente a 1.5 por ciento del PIB destinado a ayudar a los más vulnerables, mitigar los impactos de la pandemia y afianzar la recuperación.
A este aumento del gasto público, el FMI propone que debiera seguir otro aumento de 1.5 del PIB en 2023-24, que permitiera que el país pudiera avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en salud y educación, al tiempo que se hicieran inversiones públicas en proyectos de alta calidad. Estos incrementos en la presencia estatal en la economía tendrían que acompañarse de recortes al gasto en pensiones y en apoyos a Pemex. Para que esta propuesta de aumento del gasto del FMI no modifique la relación deuda pública/PIB, es necesaria una reforma tributaria progresiva, que podría acordarse en 2022 e introducirse paulatinamente de modo que se pudiera recaudar entre 3 y 4 por ciento del PIB adicional.
Estas propuestas que refuerzan la participación estatal en el funcionamiento de la economía, hechas por el FMI constituyen un verdadero replanteo de la visión económica dominante en los pasados 40 años en este mismo organismo. Esta visión neoliberal implementó una modificación de la frontera entre el sector público y el privado, en el marco de una economía mixta en la que unas actividades las realizan las empresas privadas y otras son realizadas por el Estado. En la historia del capitalismo siempre ha habido divergencias sobre el papel económico del Estado, que se han resuelto a partir del acuerdo que deriva de los resultados electorales. Si las fuerzas políticas conservadores se imponen en una elección la parte pública de su economía mixta se reducirá. Si triunfan los partidos progresistas el sector público crecerá.
El llamado consenso neoliberal, hegemónico en el pensamiento económico desde los años 80 del siglo pasado, impuso la noción de que había que liberalizar y privatizar para liberar a las fuerzas del mercado y que estas, supuestamente apoyadas por la mano invisible, en la búsqueda de sus propios beneficios generaran bienestar social. Siguiendo este credo, durante casi 40 años las fuerzas conservadoras redujeron la presencia estatal ampliando el papel de las empresas privadas, frecuentemente extranjeras, en nuestra economía. Recientemente, modificaron la legislación para la industria eléctrica y petrolera. Lo hicieron utilizando su mayoría parlamentaria.
En 2018 hubo un enorme cambio en la correlación de fuerzas políticas en nuestro país. El proceso electoral de ese año le dio un triunfo contundente a una visión en la que se plantea revertir la reducción de la presencia estatal. A este cambio, tenemos que sumar que a nivel global está ocurriendo una revaloración del papel del Estado en la economía y, en particular, en la atención de catástrofes como la que hemos enfrentado desde principios de 2020. El desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, producto de una política deliberada de reducción de las actividades del Estado en todos los renglones, provocó retrasos considerables en la construcción de respuestas sanitarias que permitieran enfrentar los impactos de la pandemia.
Esta revaloración de la presencia estatal reconoce que los Estados deben recuperar capacidades para enfrentar desafíos actuales y otros por venir, sin las cuales los costos sociales de nuevas dificultades sanitarias costarán muchas vidas. Este replanteo, sin embargo, se puede extender a actividades relevantes para el funcionamiento económico, como la industria eléctrica y la petrolera. El asunto remite, por supuesto, a consideraciones técnicas y ambientales, pero también a la presencia de una nueva mayoría que los ciudadanos han elegido que ha propuesto enfrentar el futuro con un sector público con mayores capacidades.
En este marco es en el que debe entenderse la propuesta presidencial de modificar constitucionalmente la distribución de funciones entre el sector público y el privado en el sector energético. La propuesta trata de responder a la necesidad de contar con un sector energético más económico, confiable, sostenible y competitivo. La solución reside en una combinación adecuada entre la participación pública y la privada.
No es razonable, como se ha demostrado en ciertos países europeos, dejar el manejo absoluto del sector energético al sector privado. Por ello, es indispensable que el Estado, a través de sus empresas insignia, tenga la capacidad de responder eficientemente a la demanda de energía, al tiempo que conducen el necesario cambio tecnológico. Un sector público mexicano más fuerte podrá enfrentar eficientemente el desafío planteado por el crecimiento del país.
