Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones no gubernamentales denunciaron el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y México.
Advirtieron que dichas políticas han derivado en deportaciones masivas, cancelación del derecho de refugio, devoluciones sin analizar los riesgos que enfrentarán las personas expulsadas, criminalización de indocumentados, división de familias y militarización de la política migratoria mexicana con la presencia de la Guardia Nacional, por lo que demandaron a ambos países poner alto a la deportación masiva.
Gabriela Oviedo, del Centro por la Justicia Internacional, denunció las “violaciones sistemáticas” de los derechos y la “grave política de criminalización” de migrantes que buscan la protección internacional ante los riesgos que enfrentan en sus países. Las devoluciones masiva de Estados Unidos a la frontera norte de México provocaron 7 mil 647 agresiones a estas personas (secuestros, robos y ataques sexuales)
Dichas expulsiones se dan en un contexto de aumento de flujos migratorios, mayor violencia en sus países de origen, pobreza extrema, afectaciones por causas climatológicas y la pandemia de Covid-19. En contraste, se han endurecido las cadenas de devoluciones ilegales y en condiciones “altamente peligrosas” en Estados Unidos, México y Guatemala. En el caso mexicano, dijo, se ha enviado a Honduras a personas en horarios nocturnos que incrementan los riesgos.
Para Stephanie Brewer, representante de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la coyuntura migratoria es una crisis de “dimensiones históricas” donde se ha cancelado el derecho de las personas a solicitar asilo y buscar la protección internacional. Se aplican políticas discriminatorias y se eliminan las opciones para solicitar refugio, lo cual se podría agravar con la inminente reactivación del programa Quédate en México, que ha favorecido la expulsiones masivas y la división familiar.
El Instituto Nacional de Migración fue el organismo más señalado por las ONG, acusándolo de violar los principales derechos de los indocumentados, pues ha expulsado a quienes incluso tienen sus solicitudes de refugio en marcha, y de realizar expulsiones en la frontera sur en horarios nocturnos, señaló Jocelyn Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
José Castañeda, del Observatorio de Derechos Humanos en la Frontera, reprochó la intensificación de expulsiones, pues en 2018 se realizaron mil 165 operativos para deportar a 20 mil 477, y este año se han efectuado 16 mil 856 “revisiones” que derivaron en 89 mil 653 deportaciones en acciones en el que ha participado activamente la Guardia Nacional en tareas migratorias.
