La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene identificadas 122 zonas críticas forestales en el país donde la delincuencia organizada incursiona en la tala ilegal, señaló María Luisa Albores González, titular de la dependencia.
En la presentación virtual del panorama forestal –donde se solicitaron preguntas por escrito antes de la conferencia y sin dar la palabra a los reporteros–, indicó que de las 138 millones de hectáreas con superficie forestal, que pueden tener diferentes tipos de ecosistemas, el aprovechamiento legal de este recurso es sólo de 9 millones de metros cúbicos de madera en 13 mil 967 centros de almacenamiento y transformación (aserraderos).
También agregó que la mayor parte de las entidades federativas tienen un problema con una zona crítica forestal. Sólo Aguascalientes, Colima, Nayarit y Tabasco no tienen crisis forestal. Explicó que estas zonas pueden comprender más de tres localidades y a veces más de dos municipios.
Entre los estados con mayor frecuencia de esta problemática se encuentran Veracruz, con nueve zonas críticas; Jalisco y Guanajuato, con siete; Chiapas, estado de México, Puebla y Querétaro, seis, y Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Michoacán, San Luis Potosí y la zona metropolitana del valle de México, cinco zonas críticas forestales.
Albores González añadió que en dichas entidades se identificaron ocho distintos tipos de ilícitos, como la tala clandestina; el lavado de madera (cuando se ocupa más de una vez un permiso que ya tiene un determinado volumen); la extracción de madera sana; sobrexplotación de los recursos forestales; incumplimiento de programas de manejo; cambios de uso de suelo (debido a la presión inmobiliaria o uso agrícola); incendios forestales provocados, y delincuencia organizada.
Al respecto, afirmó que se realiza un trabajo de inspección, inteligencia y judicialización en coordinación con otras dependencias, como las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como con autoridades municipales y estatales.
