Las movilizaciones de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, y la voluntad política de reconocer que México enfrenta un grave problema en esta materia, permitieron construir un marco legal e institucional para enfrentarlo ante la incapacidad que tenía el Estado mexicano, sostuvo Dolores González, ex directora de Serapaz (Servicios y Asesoría por la Paz), durante la presentación de su informe En ruta hacia la Paz, a 25 años de la constitución de este organismo.
Si bien destacó los avances, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y procesos específicos como el caso Ayotzinapa, para demostrar que se puede esclarecer y castigar a los responsables, es claro que hay entidades, como Guanajuato, donde en este año hubo “una explosión” de personas desaparecidas. Sin embargo, alertó, si no se consolidan las capacidades del Estado para enfrentar la desaparición de personas, no habrá posibilidad de lograrlo, aunque haya voluntad de hacerlo.
En este contexto, la directora de Serapaz, Diana Lepe, destacó que en la actualidad hay un debilitamiento en la interlocución de las organizaciones ante el gobierno, “ha habido un alejamiento con la sociedad civil”. En paralelo, se ha incrementado el riesgo para los defensores de derechos humanos y los periodistas, que se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad, pues aun cuando existe un reconocimiento del problema, los recortes presupuestales han debilitado el acuerpamiento de personas defensoras.
Al respecto, Gonzalo Ituarte consideró que hay una “miopía tremenda en torno a las organizaciones, su visibilización y articulación”. Hay una pretensión de “minimizar, ridiculizar, despreciar y volver a una mentalidad de Estado en que el gobierno es el actor principal. Eso es injusto, genera mayores riesgos que pueden enfrentar algunas personas en estos campos. Es un signo muy negativo que no era esperable en esta etapa, pero hay que asumirlo. No podemos renunciar”.
Como parte de quienes participaron en la elaboración del informe, Olinka Marina sostuvo que la violencia que prevalece en el país afecta a las comunidades en diversas dimensiones. Hay un incremento de riesgo para quienes buscan ejercer un control territorial de comunidades, “los pueblos han tenido que relegar sus agendas para sobrevivir frente a la violencia”.
Teresa Valdez, subdirectora operativa de Serapaz, aseveró que las luchas de las comunidades por la defensa de sus territorios, ante los megaproyectos y grandes inversiones, han sido asumidas de diversas formas por los pueblos. Hay quienes han aceptado dichos proyectos, quienes han optado por dialogar o los que se han inclinado por la resistencia.
