Puerto Príncipe., La huelga contra la inseguridad y la escasez de combustible continúa en la capital de Haití, donde las calles están vacías, los negocios cerrados y la circulación de vehículos es mínima, mientras algunas zonas muestran rastros de barricadas.

Desde el lunes estalló una huelga general en Puerto Príncipe y varias provincias del país, convocada por los sindicatos de transporte.

La escasez de combustible también es una amenaza para el funcionamiento algunas estructuras hospitalarias en el país.

“Es probable que se pierdan vidas si los suministros de combustible no llegan a los hospitales de inmediato”, advirtió el coordinador humanitario en funciones de la Organización de Naciones Unidas en el país, Pierre Honnorat, en un comunicado publicado el domingo.

Las pandillas armadas han tomado el control de gran parte del territorio a medida que se multiplican los secuestros en el país.

Más aún, el funcionamiento de las redes de telecomunicación en la nación más pobre del hemisferio se encuentra severamente afectado por la escasez de combustible, ocasionada por el creciente control de las pandillas en barrios de la capital, alertaron profesionales del sector, citados por la agencia de noticias Afp.

“Nunca había visto algo así en una década”, declaró Maarten Boute, director ejecutivo de la compañía telefónica Digicel, que cubre 75 por ciento del mercado haitiano.

“Hoy tenemos 430 antenas afectadas de las mil 500 que hay en todo el país, lo que perjudica a cientos de miles de clientes”, indicó.

Las pandillas exigieron un pago de casi 500 mil dólares para permitir el acceso a las terminales petroleras, pese a que el gobierno anunció que estableció un corredor para los camiones cisterna.

Esta situación lleva a la suspensión del servicio de telecomunicaciones móviles, debido a que las antenas son alimentadas con electricidad proveniente de generadores térmicos.

En otro orden, el pastor protestante Jean Pierre Ferrer Michel fue devuelto antier a sus familiares tras 22 días de secuestro y el pago de 750 mil dólares entregados a sus captores que pospusieron en varias ocasiones su liberación, pese a que el caso era de alto perfil.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que Litz Quitel, ministro del Interior y Justicia, estaba involucrado en el secuestro, lo que negó el funcionario que atribuyó la acusación a una estrategia de la oposición para debilitar al gobierno del premier Ariel Henry.

Una banda exige 900 mil dólares por el profesor Patrick Dorenenecourt, secuestrado la semana pasada en esta capital, quien se suma a los 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá, por cuya liberación se exigen 17 millones de dólares.

Unas 800 personas han sido víctimas de secuestro desde enero pasado, pero la práctica se agravó en julio tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cometido en su residencia en una zona acomodada de Puerto Príncipe.

Agrupaciones defensoras de derechos humanos aseguran que los secuestros se triplicaron de julio a septiembre, mientras las bandas armadas controlan actualmente 40 por ciento del territorio de la capital.