La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, personas del pueblo maya dedicadas a la apicultura y al cuidado recíproco con abejas nativas, alertaron que la Ley Federal Apícola y la iniciativa de la Ley General de Protección Apícola –propuesta el 11 de noviembre pasado por la senadora morenista María Merced González González–, son anticonstitucionales, violatorias de los derechos humanos, criminalizan y desprotegen a los apicultores tradicionales y soslayan el tema de la posible prevención de contaminación ambiental, por lo que exigieron su “anulación inmediata”.

En una carta abierta, hizo público su “rechazo absoluto ante las propuestas” expedidas, porque las considera “leyes inconstitucionales, ya que no respetan lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con respecto a los artículos primero, segundo, cuarto y vigésimo sexto, al tiempo que transgreden acuerdos internacionales, al no tomar en cuenta las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de otros instrumentos internacionales que tienen por objeto la protección de los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas”.

Los puntos de la iniciativa, añade la misiva de la organización social, “van contra las abejas, el trabajo de los apicultores y la vida”; aunado a que no existe “interés por abordar las problemáticas que aquejan a las familias que procuran la vida junto con las abejas”, dado que no toman en cuenta “amenazas como la deforestación, el cambio climático, la agricultura industrial de monocultivos, la siembra de cultivos genéticamente modificados, el amplio uso de plaguicidas y agrotóxicos, además de la comercialización de miel adulterada y falsa.

Desdeñan sin fundamentos el modelo tradicional

“Pretenden imponer una serie de disposiciones ajenas a la realidad local y cultural, estableciendo requisitos innecesarios y numerosos, trámites complejos, costosos y burocráticos, que terminarían por desincentivar el quehacer de la apicultura que, de por sí, se encuentra en condiciones de desventaja y desigualdad en territorios indígenas y campesinos”, reprochó.

“Son leyes racistas, ya que desconocen y desdeñan el manejo tradicional de la apicultura. Pretenden imponer de manera obligada la homogeneización de la actividad apícola por medio de la tecnificación y modernización en un modelo que no toma en cuenta ni incluye los saberes culturales de apicultores y campesinos, mucho menos observa aspectos para su conservación ni fortalecimiento”.

En su momento, Comunicación Social del Senado de la República, informó que “González González prevé en su propuesta de Ley General de Protección Apícola que la vigilancia de ésta se realice por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Federación, estados y municipios, y plantea que todas las personas o individuos que se dediquen de manera preponderante u ocasional a la apicultura y los sectores relacionados a ella, estén sujetos a ella”.