“Se trataba de toda una política de contrainsurgencia, de represión generalizada contra movimientos sociales, pueblos, regiones. Era la cultura de la muerte”, resumió Abel Barrera, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, durante su intervención como aspirante a integrar la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Ante el Comité de Selección, integrado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; Alicia de los Ríos, representante de los colectivos de las víctimas, y Guillermo Fernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, acudieron los primeros 14 (de 25) aspirantes a integrar la comisión.

Casi ocho horas de comparecencias, entre ellas la de David de Jesús Fernández Dávalos, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús y ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien destacó la importancia de un nuevo esfuerzo por esclarecer la guerra sucia en México: “Ojalá hubiera sido una iniciativa del Congreso y no una decisión del Ejecutivo para tener mayores alcances”, porque “nos urge, es la última oportunidad de lograrlo; testigos, víctimas, sobrevivientes y perpetradores se están muriendo”.

Es imperante conocer la verdad de lo que sucedió para poder llevar a los perpetradores a la justicia. “La verdad siempre tiene que preceder a la justicia, la judicialización de los casos es importante antes del perdón y reconciliación, porque si no es impunidad”, dijo.

Barrera consideró que un aspecto importante será que las familias puedan confrontar lo que traen en la memoria con los testigos y se encuentre una figura apropiada de investigación. Está claro que lo que se ha podido conocer desde entonces es la existencia de cárceles clandestinas, de lugares donde se torturaba en Guerrero y que salían aviones de la muerte.

Se requiere un paso fundamental: el acceso a los archivos del ejército. “Esta comisión puede ayudar en espacios como el Campo Militar número 1, recolectar testimonios y escarbar en eso”, acompañando a las familias de las víctimas, señaló.

Por su parte, Aleida García Aguirre reivindicó el papel central que deben tener los familiares para evitar una revictimización y se condene a la comisión al fracaso que tuvo la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Reconoció que esta comisión no tiene facultades judiciales para emprender acciones penales contra funcionarios de alta jerarquía, lo que se debe tener claro para no hacer falsas promesas de judicialización.

“No es porque no crea que son responsables de esos hechos”, pero en América Latina las comisiones de la verdad han judicializado los casos a partir de fuertes movilizaciones sociales.

Eduardo González, investigador peruano que ha coadyuvado en las comisiones de la verdad en Guatemala, Perú y Colombia, aseveró que México está ante una oportunidad de reconciliarse con el pasado, largamente postergada por motivaciones políticas. “Es un reto gigantesco”.

Además de los cuatro mencionados, participaron Emilio De Gyves, Francisco Ávila, Carlos Pérez Ricart, Antonio Guerrero, Adela Cedillo, Carlos Pérez Vázquez, Florencia Ruiz Mercado, Gerardo de la Fuente, Eugenia Allier y Félix Velasco.