Ciudad de México. El incremento del flujo de personas en Norteamérica y Centroamérica que se ha registrado en los últimos meses han alcanzado un nivel de “emergencia migratoria” que involucra las medidas adoptadas para su contención. “Estamos en el nivel de una crisis de lesa humanidad”, sostuvo la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la audiencia preparatoria para la elaboración de un informe regional sobre la movilidad humana.

Durante la audiencia, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado cuestionó las deportaciones masivas que se han registrado desde Estados Unidos y México. Subrayó que con la aplicación del denominado Título 42 (relacionado con la situación sanitaria por la pandemia), entre marzo de 2020 y agosto de 2021, Estados Unidos ha deportado a territorio nacional a 845 mil migrantes sin respetar los procesos de derecho de asilo o refugio.

Fernández Maldonado censuró que con esta medida se les coloque en el limbo jurídico, sin analizar las condiciones de riesgo que enfrentan las personas migrantes al devolverlos a ciudades con altos índices de criminalidad. En contraste,dijo, los albergues de organizaciones civiles para atender esta situación se encuentran saturados pues su capacidad de respuesta está superada.

En su intervención en la audiencia en la que organismos defensores de derechos humanos de diversos países involucrados presentaron sus diagnósticos, Arosemena dijo que las cifras dan cuenta de que la situación está desbordada si se le contrasta con la capacidad de respuesta de los gobiernos en el área, por ello es imperante, convocar a que haya una respuesta regional para atender la situación, porque prácticamente, al revisar la condición de los migrantes “no queda un solo derecho sin violar” para las personas que son colocadas en una situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, Julisa Mantilla, relatora para adultos mayores de la CIDH y quien condujo la audiencia calificó la situación como una “emergencia migratoria”. Reconoció la complejidad de la coyuntura que se enfrenta en la región por la violación de derechos humanos que se registran, por lo que sería necesario, acotó, contar con mayor información de los ataques a migrantes, violaciones sexuales, embarazos forzados y el surgimiento de eventuales casos de xenofobia.

El representante de ONU-DH en México expresó su preocupación por los vuelos que se han acordado entre Estados Unidos y México para la deportación masiva de los migrantes, sin pasar por un mecanismo de revisión de sus condiciones (solicitantes de refugio), los riesgos que corren al retornar a sus países de origen ni aplicando protocolos sanitarios.

Recordó que “los estados de la región han asumido compromisos para facilitar el retorno seguro y digno, de conformidad con las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, así como para crear condiciones propicias de reintegración sostenible de los migrantes en su país de origen. También se han comprometido a aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular para responder a las necesidades de migrantes en situación de vulnerabilidad”