En 2019 se alcanzaron los objetivos fiscales propuestos por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “no obstante, se presentó un limitado dinamismo en la economía”, plantea la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en el proyecto de dictamen del primer año de la cuenta pública del actual gobierno.
“La Cuenta Pública 2019 refleja un cambio de programas prioritarios en la política social… se observó una restructura de los programas sociales, favoreciendo a los sectores de menores ingresos y los proyectos de inversión de carácter regional acompañado de una política de control, austeridad y disciplina del gasto”, resalta.
En el documento, que se espera sea aprobado hoy por la comisión, para que el pleno de la cámara pueda discutirlo antes del 31 de octubre, se indica que el gasto neto total del sector público ascendió a 5 billones 814 mil 400 millones de pesos, inferior al presupuesto aprobado en 23 mil 618.2 millones, esto es menos 0.4 por ciento real, y aún así fue superior 0.3 por ciento al de 2018.
La comisión explica que el gasto neto total ejercido representó 24 por ciento del PIB, 0.1 por ciento mayor a 2018, cuando fue de 23.9 por ciento.
El proyecto, circulado ayer a los integrantes de la comisión, expone que del gasto neto total, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó 100 mil 914 millones de pesos por recuperar, pero sólo se han reintegrado mil 517, por lo que restan recuperaciones probables por 99 mil 397 millones de pesos.
De estas últimas, 55 mil 30 millones deben ser solventados por estados y municipios.
La comisión añade que la aprobación del dictamen por parte del pleno de la cámara no suspende el trámite de las acciones promovidas por la ASF, lo cual permitirá que los presuntos responsables sean sancionados. Así, la instruirá a que continúe los procedimientos jurídicos en contra de los funcionarios públicos.
También prevé recomendar a la ASF una serie de medidas, como explicar por qué da de baja ciertas auditorías ya programadas, así como aplicar otras que puedan identificar posibles casos de empresas factureras en las adquisiciones con recursos federales.
