La jueza británica Vanessa Baraister deberá iniciar mañana miércoles la revisión de la apelación presentada por Washington a la negativa judicial a extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, emitida en enero pasado por esa misma magistrada. El informador australiano permanece en una prisión de Londres desde abril de 2019, luego de que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno decidió expulsarlo de su embajada en la capital británica, en donde estuvo refugiado durante casi siete años.
La persecución contra Assange ha durado más de una década. Se inició con una investigación de la policía sueca por supuestos delitos sexuales tan insustanciales que nunca dieron lugar a una imputación formal, pero que fueron el pretexto para detenerlo en Londres, en respuesta a una petición de Estocolmo para someterlo a un interrogatorio. Temiendo que la demanda fuese una coartada para llevarlo a Suecia y extraditarlo de allí a Estados Unidos; Assange buscó refugio en la mencionada representación diplomática y ofreció comparecer allí ante representantes legales de Suecia. Su sospecha se vio confirmada por el hecho de que Estocolmo cerró definitivamente la pesquisa policial y desechó los cargos.
Sin embargo, para entonces el Departamento de Justicia ya había formulado imputaciones graves en su contra, una de ellas por “espionaje”, debido a que el fundador de Wikileaks divulgó en 2010 documentos secretos que demostraban la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Afganistán e Irak.
Posteriormente, al año siguiente, la organización de Assange distribuyó entre varios medios del mundo –entre ellos, La Jornada– cientos de miles de reportes enviados al Departamento de Estado desde las representaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo. Tales documentos revelaron la falta de escrúpulos con la que las autoridades de Washington se conducían en otros países, pero también la supeditación y la corrupción, si no es que el carácter llanamente delictivo, de numerosos gobiernos.
Es claro, pues, que el informador australiano no puede considerarse espía, porque no entregó información alguna a un tercer gobierno sino que la divulgó para la opinión pública internacional. Es evidente también que ha sido víctima de una vasta venganza de Estado por haber dado a conocer a la sociedad la descomposición, la inmoralidad y hasta las facetas criminales de la superpotencia en su proyección diplomática, económica y militar en el ámbito internacional.
Con esas consideraciones en mente, es ine-ludible concluir que el encarnizado acoso judicial de tres presidentes estadunidenses contra Assange –Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden– reviste el carácter de escarmiento para cualquier informador que pretenda revelar documentación clasificada del gobierno estadunidense y es, en tal medida, un bárbaro e injustificable ataque a la libertad de expresión de los periodistas y al derecho a la información de las audiencias. Resulta desolador, por lo demás, que tres gobiernos que se presumen defensores de esa libertad y de ese derecho –Estados Unidos, Suecia y Reino Unido– se hayan conjurado para imponer un castigo ejemplar a un individuo que no cometió más delito que revelar la verdad.
Es exasperante, además, que se haya mantenido en prisión a una persona a todas luces inocente a pesar de su salud precaria y de los riesgos que corre en el encierro. Su encarcelamiento no es sólo una injusticia y un atropello inexcusable a los derechos humanos sino también una afrenta a los principios elementales de la democracia, la transparencia y la libertad de expresión.
Cabe esperar, en suma, que la jueza Baraister ratifique mañana su negativa a otorgar la extradición del fundador de Wikileaks, que con ello Washington se desista de buscar venganza contra Assange y que éste obtenga una pronta e incondicional liberación.
