La Paz., Familiares de víctimas de las matanzas de Sacaba y Senkata en 2019 llegaron ayer a La Paz, al cabo de una marcha de 200 kilómetros por el altiplano, y lograron de inmediato el compromiso del gobierno del presidente Luis Arce de abrir un diálogo sobre cómo acelerar un juicio contra los responsables.
Portando la wiphala (bandera indígena) y fotos de los asesinados por la policía y las fuerzas armadas, mujeres, hombres y niños, algunos de ellos aún con las secuelas de la violencia, se dirigieron a la sede del Ministerio Público.
“Tenemos ampollas, pero como sea hemos llegado; yo quedé inválido por las balas que impactaron en mi pierna derecha, a mis compañeros los mataron como animales, pero estamos aquí porque ya son dos años sin justicia”, denunció Ambrosio Yucra, uno de los caminantes, a la radio estatal Patria Nueva.
Yucra fue uno de los manifestantes más solicitados al arribar casi arrastrándose y con ayuda de una muleta, en las primeras filas de la columna que ingresó en la tarde a La Paz, desde la ciudad vecina de El Alto.
“Esos asesinos están libres, tienen que estar en (el penal de) Chonchocoro. Queremos justicia. Vamos a quedarnos aquí hasta que de verdad se les enjuicie”, añadió el campesino herido en Sacaba (Cochabamba), donde ocurrió una de las matanzas.
Los “asesinos”, añadió, son principalmente la ex presidenta golpista Jeanine Áñez (2019-2020) y su gabinete ministerial, que firmaron en noviembre de 2019 un decreto supremo que liberó de responsabilidades penales a los militares y policías que reprimieron las manifestaciones contra el derrocamiento del ex presidente Evo Morales (2006-2019).
Los manifestantes, que partieron el pasado 19 desde el pueblo altiplánico de Caracollo, repudiaron, además, a los grupos políticos de oposición, la jerarquía de la Iglesia católica, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia y la ex presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos por encubrir a los autores el citado decreto.
Pidieron someter a la justicia a los médicos que brindaron un trato inhumano y degradante a los lesionados que buscaron atención sanitaria en los hospitales de El Alto y de Sacaba, y mayor cobertura periodística a los afectados, no así a los culpables de esos actos.
Resaltaron que su principal demanda es el enjuiciamiento de los autores directos e indirectos de las matanzas de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto, La Paz) y Pedregal (La Paz), que dejaron una treintena de civiles muertos y más de un centenar de heridos.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció que una comisión de los ministerios de Justicia y de gobierno recibirá hoy a los marchistas.
“El presidente Luis Arce ha instruido una atención prioritaria de sus demandas y ya tenemos respuestas para varios de los planteamientos que nos han adelantado”, aseguró.
Sobre las matanzas, la Fiscalía solicitó un juicio de responsabilidades contra Áñez, que debe ser autorizado por dos tercios de votos del Congreso.
La ex presidenta de facto enfrenta un juicio ordinario por el golpe que la llevó al poder, proceso por el cual está en detención preventiva desde marzo pasado.
