Guadalajara. Líderes de Ostula, comunidad nahua dentro del municipio de Aquila en los límites costeros de Michoacán con Colima, decidieron solicitar de nuevo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción de su denuncia por el despojo de sus tierras ancestrales y por la criminalización contra varios de sus comuneros, en una lucha que ha costado al menos 35 vidas y la desaparición de otros 5 comuneros.

Reunidos este martes en San Diego Xayakalan, una treintena de líderes de la comunidad indígena, encabezados por su presidente José Leyva y el comisariado de Bienes Comunales, Ezequiel Celestino Grajeda, mostraron indignación ante la decisión de la SCJN de no aceptar su queja y, en particular, de no haber notificado su negativa de atraer el caso pues la decisión fue tomada desde septiembre pasado.

El abogado Carlos González García, quien ha representado a Ostula desde que iniciaron la lucha para el reconocimiento de sus derechos indígenas y comunales, participó en la reunión para informar a los comuneros que el 8 de septiembre la segunda sala de la SCJN tomó la decisión de rechazar la atracción del caso en “sesión privada”, pero que recién se enteraron de la misma porque no les fue notificada.

La queja tiene como antecedente que en 1964 el presidente de la República dictó una resolución sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales a favor Ostula, pero no incluyó la superficie titulada que les fue reconocida desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX, en la cual hoy existen infinidad de pequeñas propiedades cuyos propietarios han interpuesto numerosos juicios de amparo.

El reclamo es porque la resolución presidencial reconoció una superficie de 19 mil 32 hectáreas cuando la comunidad tiene, de acuerdo a sus títulos previos y de conformidad con las mojoneras ahí indicadas, la posesión real y de hecho de una superficie de al menos 25 mil hectáreas, 6 mil de las cuales no les han sido reconocidas.

Ezequiel Celestino Grajeda, en entrevista con La Jornada, dijo que en la reunión de este martes se decidió citar en breve a una asamblea comunitaria para decidir medidas de presión paralelas a las jurídicas, entre las cuales advirtió se tiene programado bloqueos a la carretera federal 200 que atraviesa desde Colima hasta Guerrero la costa michoacana.

A la par de las amenazas que reciben cotidianamente del crimen organizado que está presionando por regresar a controlar el territorio de Ostula, el cual goza de autonomía y tiene una “guardia comunal” formada por los propios nahuas en cargos de policías comunitarios que se renuevan cada año, ahora tienen que invertir más tiempo y energía para reclamar tierras que por derecho de tiempo y justicia siempre les han pertenecido, comentó.

“Gente de grupos criminales, de la ‘maña’, nos han estado mandando mensajes de que pronto van a volver, que van a venir a liberar a la comunidad, pero aquí todos estamos en defensa de nuestro territorio, contra ellos o contra las malas resoluciones de los tribunales, aquí ya sabemos que tenemos que defendernos entre todos por nuestras familias, por todos los que llegan aquí”, dijo Grajeda.

Por lo pronto, se tomará el primer paso de enviar a una comisión de comuneros a la Ciudad de México para insistir en la resolución de su demanda territorial, se realizará la asamblea señalada para tomar las decisiones necesarias y retomar la lucha que “será pacífica” pero sin tregua hasta lograr justicia, agregó.

También y aunque la seguridad en el territorio comunal lo brindan sus propios integrantes, se buscará lograr una mayor vigilancia de parte de autoridades municipales, estatales y federales quienes, como ya es un acuerdo establecido desde años atrás, deben seguir pidiendo la anuencia comunitaria para ingresar a cualquier comisión dentro del territorio.