La audiencia contra 10 presuntos responsables de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, por el colapso de la línea 12 del Metro, se difirió para el 3 de diciembre, a fin de que los asesores jurídicos de las víctimas accedan a la carpeta de investigación física, quienes exigieron que las empresas involucradas en su construcción asuman su culpabilidad y se manifestaron en contra de un fondo de apoyo a víctimas.

“No estamos pidiendo apoyo ni limosna, sino que ICA, Carso y Alstom, que tuvieron que ver con su construcción, asuman su responsabilidad ante la Fiscalía General de Justicia”, afirmó Cristopher Estupiñán, representante de 13 familias.

Se trata, dijo, de un tema de reparación integral, por lo que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) contra dichas empresas, al existir elementos en la carpeta para vincularlas; y se hará una reclamación patrimonial en contra del gobierno capitalino.

Además, se interpondrá un amparo para que se forme una comisión de la verdad en el Congreso de la Unión para “evitar que se controlen los costos políticos de los resultados; asimismo, se solicitará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga la investigación”, dijo.

En la audiencia inicial, que duró más de siete horas, no se presentó Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, por un posible contagio de Covid-19, y Guillermo Leonardo Alcázar, ex director responsable de obra de la línea, por no haber sido notificado.

El juez de control, Édgar Jesús Campos Burgos, otorgó tres días al primero para presentar la prueba y dio a la fiscalía 10 días para que el segundo sea notificado, comentó Estupiñán, al señalar que “hubo una queja general en la comparecencia por el tema de Carso”.

Los detalles del acuerdo firmado para la reparación de la línea entre la empresa y el Gobierno de la Ciudad de México no están asentados en la carpeta de investigación y tampoco se ha instado a ninguna de las víctimas a mecanismos alternativos de solución.

Acusó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de “tratar de resolver este caso tras bambalinas con Carso sin llamarnos y buscando que las familias dejen nuestra asesoría, con el argumento de que no es necesario demandar y condicionando la entrega de apoyos”.

Teófilo Benítez, asesor jurídico de las familias de nueve víctimas, consideró que el diferimiento fue la “mejor decisión porque nunca se dio acceso a la carpeta física y era inhumano leer (en ese momento) miles de hojas”.

La atención de las víctimas es lo más importante y en esta audiencia los representantes de las empresas no estuvieron presentes, comentó.

Las personas que comparecieron fueron Héctor Rosas, ex subdirector de Obra Civil C; Fernando Lalana, ex director de Coordinación de Supervisión de Obra, y Ricardo Pérez, ex encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural.

Así como Fernando Amezcua, ex director de Supervisión de Obra; Juan Carlos Ramos, ex residente de obra; Juan Antonio Giral y Mazón, director de Diseño de Obras Civiles del proyecto; Enrique Baker, ex subdirector de Estructuras; y Moisés Guerrero, ex director de Construcción del Proyecto Metro.