Varios lectores de mi artículo del lunes sobre la crisis del agua en el mundo, se quejan porque en él señalé que en México es una realidad y no existe una política de Estado para enfrentarla de la mejor manera posible. Por falta de espacio no referí los datos de los científicos, organizaciones internacionales y nacionales que respaldan mi opinión. Esa crisis data de sexenios anteriores que prometieron conservar el recurso y administrarlo de tal forma que llegara a toda la población en condiciones óptimas. No fue así y los problemas se agravaron. La actual administración hizo promesa semejante y está lejos de cumplirla como indican los datos oficiales.
Algunas cifras: hace cinco años, México figuraba en la lista de los países que tenían escasez del preciado líquido. En la prestigiada revista Science, Mesfin M. Mekonnen y Arjen Y. Hoekstra señalaron que ocupábamos el lugar 34 entre los 50 países más afectados, con 90 millones de personas con algún tipo de desabasto. Y 20 millones lo padecían todo el año. Igual que varias organizaciones que estudian desde hace tiempo el problema, los autores señalaban que si no se cambiaba la manera de administrar y distribuir el agua, tendríamos conflictos sociales y económicos graves. Por su parte, el Instituto de Recursos Mundiales señaló que, de no tener una nueva política, para 2040 la escasez podría afectar a 80 por ciento de la población mexicana.
Hace también cinco años en el Foro Económico Mundial se insistió en el problema y alertó que el cambio climático los haría mayores. En ese foro se citaron los numerosos conflictos que habría por el agua entre la agricultura, la industria, las ciudades y los países. Además, que la reducción de la calidad y cantidad disponible de la potable tendrá severos efectos en la salud humana y en las actividades económicas.
Hace un año, varios estudiosos del tema señalaron los principales problemas de la seguridad hídrica en el país: escasez, contaminación, conflictos por el recurso y deterioro ambiental de cuencas y acuíferos.
Tres de cada 10 hogares no cuentan con agua diariamente y tres de cada cuatro ciudadanos considera que la que reciben por la red de distribución no es buena para beberse.
A ello se agregan bajas tarifas por el servicio y muy poco tratamiento de las aguas residuales. Mientras aumenta la temperatura en el país, es visible la contaminacion de la mayoría de las 300 grandes cuencas hidrográficas y la sobre explotación de los principales acuíferos. Como el de la Ciudad de México, del que se obtiene líquido cada vez a mayor profundidad y no siempre de la calidad requerida. A la vez, el sistema Cutzamala agrava su estado crítico por menor capacidad de almacenar agua y por los problemas en las cuencas que lo abastecen.
Sumemos que en las principales megaurbes se pierde un tercio del agua que circula por la red de distribución. Ninguna ciudad ni miles de industrias cumplen con la norma sobre tratar sus aguas residuales, que terminan contaminando las cuencas hidrográficas. La del Lerma-Chapala-Santiago y la del Coatzacoalcos son dos ejempos bien conocidos, denunciados por la población afectada y los centros de investigación. Desde hace cuatro décadas las instancias oficiales prometen resolver esa situación. No lo han hecho. Igual rescatar la zona lacustre de los lagos Chapala y Pátzcuaro. En Michoacán el de Zirahuén se deteriora año con año y el de Cuitzeo es un desastre ambiental.
Hay corrupción en el manejo del agua vía los mecanismos utilizados desde las instancias oficiales para darla a ciertos sectores. Esa corrupción se presenta vía otorgamiento de concesiones. Suman 500 mil y son menos de 200 los inspectores para vigilar que cumplan con la ley; para evitar extraer agua aún en reservas sobrexplotadas y las tomas clandestinas. Ni la Comisión Nacional del Agua ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tienen personal suficiente y capacitado para hacer cumplir las leyes en el tema hídrico. Los últimos años ambas dependencias sufrieron recorte de recursos.
Y por si faltara algo, el contenido de la nueva ley del agua para conservarla y utilizarla racionalmente no es prioridad para los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por todo ello, insisto en la ausencia de una política de Estado para evitar que la crisis del preciado líquido agrave más los problemas que ya padecen millones de mexicanos.
