A una semana de que empiece el periodo para recolectar apoyos que permitan promover el ejercicio de revocación de mandato, el punto clave sigue en el limbo jurídico: el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha resuelto el recurso promovido por Morena, la cual concentra la parte medular de la disputa.

Al mismo tiempo, el Instituto Nacional Electoral (INE) argumenta que se debe dar prioridad a los derechos ciudadanos para participar con el uso irrestricto de formatos de papel en todo el país para acotar los márgenes de falsificación.

La representación del partido en el gobierno ante el instituto interpuso ayer un nuevo recurso en el tribunal en contra de la decisión de desechar el proyecto de acuerdo que promovió el miércoles para modificar los lineamientos de revocación de mandato y que las firmas recabadas en papel se pudieran obtener en todo el país.

Sin embargo, el INE iniciará la capacitación para usar la aplicación telefónica para quienes se inscribieron como promotores de este ejercicio, aun cuando se encuentra sub júdice su instrumentación generalizada, con excepción de 204 municipios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

También hay un factor adicional: la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo del Senado a fin de establecer lo que definieron como “interpretación auténtica” de la Ley de Revocación de Mandato que enfatiza: “De la lectura de los artículos señalados (11 y 12) se desprende que el Congreso no estableció preponderancia alguna entre los formatos impresos y los medios electrónicos”.

En este margen de incertidumbre legal sólo hay un precedente del TEPJF, cuando resolvió las objeciones de María de Jesús Patricio (Marychuy), quien en 2018 pretendía ser candidata presidencial independiente. En su demanda pedía ampliar los municipios donde se validaría el régimen de excepción y permitir firmas en papel.

La resolución aprobada por el tribunal respaldó el modelo utilizado por el instituto de privilegiar la app y estableció que el papel es un “mecanismo complementario” sólo en aquellos distritos de alta marginación. La resolución añade que la base adoptada por el INE para establecer los municipios donde se validaría en 2018 el régimen de excepción “brindará elementos objetivos para conocer las secciones electorales que, dado su grado muy alto de marginación, podrían optar por la utilización del registro de apoyo en papel”.

Y agregó que bajo esa vertiente “corresponderá al interesado aportar a la autoridad nacional electoral los argumentos y medios de convicción que estime pertinentes a fin de demostrar que se está ante un supuesto que amerita la necesidad de implementar el régimen de excepción para recabar el apoyo ciudadano de forma impresa por encima de la aplicación informática en otros municipios”.

A tres años, Morena impugnó las restricciones en papel. Las experiencias del INE reportan que en 2018 se entregaron 1.4 millones de firmas falsas por parte de tres aspirantes a la candidatura presidencial independiente: Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter.

En 2020, al revisar las firmas para efectuar la consulta popular que impulsó la morenista Yeidkol Polevnski, el INE identificó que 20 por ciento de las entregadas en papel eran falsas.