En mi entrega pasada escribí que así como sugiere Andrés Manuel López Obrador que hay que sustituir a la OEA, es y seguiré escribiendo sobre la importancia de sustituir al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por un mecanismo regional, autónomo del Banco Mundial.
Pese al llamado de cientos de organizaciones a suspender todas las demandas de inversionistas a estados cuando la capacidad de todos los gobiernos debe centrarse en la respuesta a la pandemia (https://bit.ly/3jbtvhC), el Ciadi presume en su último informe que “administró un total de 332 casos en el ejercicio fiscal 2021 […] y que esta constituye la cifra más alta de casos administrados en el Ciadi en un solo ejercicio fiscal” en el que se registró también una “cifra récord de 70 casos nuevos” (https://bit.ly/3mYqjqU). De éstos, 18 fueron contra países de América Latina y el Caribe, la región con más demanda a escala global.
Son muchas las razones para abandonar al Ciadi. Primero, es un organismo por su naturaleza totalmente sesgado en favor de corporaciones trasnacionales.
En el informe arriba citado el presidente del Banco Mundial, David Malpass, dice que “en los casos gestionados por el Ciadi, el objetivo es que las diferencias internacionales en virtud de contratos, leyes y tratados se resuelvan de manera imparcial”. Agrega que “ofrece servicios de resolución de diferencias sin paralelo a estados e inversionistas”.
Son dos mitos. El Ciadi no es imparcial ni ofrece servicios a estados, sino que los manda al banquillo de los acusados. El sistema de disputa “inversionista-Estado” (mejor conocido como ISDS, por sus siglas en inglés) es un mecanismo de una sola vía, en que el primero puede demandar al segundo, pero no al revés. Como escribí hace años (https://cutt.ly/7RUoOne), es tan absurdamente injusto como sería jugar futbol en tan sólo mitad de la cancha y sólo un equipo ataca y el otro se defiende.
Es así como empresas sustraen multimillonarias “compensaciones” por el lucro incesante de inversiones muchas veces ni siquiera hechas (bajo la cláusula de “expropiación indirecta”). Y menos imparcialidad hay cuando las demandas se dirimen en “tribunales” secretos bajo total subjetividad y discrecionalidad de tres “árbitros” privados.
El sistema ISDS institucionaliza el capitalismo depredador de la naturaleza y violador de derechos humanos en el planeta dotado de mecanismos obligatorios de aplicabilidad (ley dura), al tiempo que los regímenes internacionales de derechos humanos se degradan cada vez más al nivel de “ley suave” sin fuerza vinculante.
Ejemplo de este contraste lo brinda el recién publicado informe de la Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas trasnacionales y el libre comercio en México ( #ToxiTourMéxico), que tuvo lugar en diciembre de 2019, con la participación de organizaciones de personas afectadas en México, integrantes del Parlamento Europeo y Vasco, del Senado de Minnesota, y expertos de muchos países de América Latina, Europa y Estados Unidos (ver reporte de Sayda Chiñaz Cordova, La Jornada Veracruz, 19/10/21). En esta gira se atestiguó cómo empresas europeas y estadunidenses, apoyadas por sus gobiernos y amparadas por tratados de libre comercio e inversiones, generan conflictos socioambientales con total impunidad (https://bit.ly/3aS504Q).
En el informe del Toxitour se expone cómo en las últimas tres décadas “México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a escala planetaria (y) uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. Arguyendo la necesidad de atraer inversiones a toda costa para generar ‘desarrollo’ y empleo, en el marco de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el Acuerdo entre la Unión Europea y México, se ha profundizado y sofisticado un proceso de desvío de poder (y) se ha impuesto un régimen en el cual la ley ha permitido la autorregulación ambiental, social y laboral por parte de las empresas trasnacionales (ETN)”. Se documenta cómo “gran parte del territorio mexicano ha sido sometido a una dinámica de densos corredores industriales interconectados, donde han proliferado industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas. Estas áreas coinciden con espacios urbanizados, sin un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales, convirtiéndose en lo que V. M. Toledo, ex secretario de Medio Ambiente– denominó “infiernos ambientales” en un contexto de violentos despojos de territorios de comunidades destruyendo su salud y tejidos sociales, económicos y culturales.
Pero el Ciadi es ciego. Es completamente parcial, pues escucha sólo a las empresas. No hay tribunales internacionales como el Ciadi donde demandar a empresas violadoras de derechos ambientales, como Ibedrola, Aguas de Barcelona, Abengoa y muchas expuestas en el informe del Toxitour.
Es vital lograr la supremacía de los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza sobre los derechos de los inversionistas. El camino está en la negociación del Tratado Vinculante de Naciones Unidas sobre Empresas Trasnacionales en Materia de Derechos Humanos (https://bit.ly/3n7BFJ5) y en sustituir al Ciadi por un organismo regional que eleve los derechos humanos a rango de “ley dura”.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
