Guatemala. Cientos de policías y militares se desplegaron ayer en El Estor, poblado indígena del noreste de Guatemala, donde el presidente Alejandro Giammattei declaró estado de sitio, un día después de enfrentamientos entre pobladores que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos con elementos de la policía.

Las fuerzas de seguridad –unos 500 soldados y 350 policías– se abrieron paso en camiones, patrullas e incluso vehículos blindados por las calles del caluroso poblado maya q’eqchi’, ubicado 315 kilómetros al noreste de la capital por carretera –casi siete horas de camino–, indicaron periodistas de Afp.

Algunos vecinos de este municipio de 76 mil habitantes sólo observaban, tratando de mantener su vida normal. Algunos incluso nadaban en el lago de Izabal que colinda con el poblado.

La orden de Giammattei, vigente por 30 días, limitará el derecho de manifestación, permitirá a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden de juez, establece un toque de queda entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, así como otras restricciones, detalló el decreto publicado en la gaceta oficial.

“En El Estor diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad”, según el texto.

El estado de sitio debe ser ratificado en los próximos días por el Congreso para que no pierda vigencia, de acuerdo con la ley.

Miles de policías reprimieron a campesinos e indígenas entre viernes y sábado, entre lluvia de piedras que se lanzaban desde ambos lados con saldo de varios heridos.

Periodistas locales denunciaron que durante los enfrentamientos miembros de las fuerzas policiales los amenazaron para que no filmaran o tomaran fotos.

Los pueblos indígenas rechazan las operaciones de la mina Fenix, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Group de capital ruso y suizo, y exigen que las comunidades sean consultadas sobre estos megaproyectos.

El sábado, policías despejaron una carretera donde un grupo de indígenas se habían apostado desde el 4 de octubre “en resistencia” al denunciar que la CGN mantiene operaciones, pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.

El grupo que se opone a la minera por los daños ambientales también denuncia que el Ministerio de Energía y Minas no los había tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.

En el operativo cuatro uniformados resultaron heridos de bala, según un informe de la policía. Varios pobladores fueron afectados por el gas lacrimógeno que lanzó el escuadrón antimotín, indicó la prensa local.

“Este estado de sitio es para privilegiar y asegurar el trabajo de las mineras”, denunció Abelino Chub, uno de los líderes indígenas que se opone a la explotación en El Estor y quien adjudicó el ataque a los policías a “infiltrados” al movimiento.

Chub consideró que la limitación de derechos ciudadanos pretende atemorizar a la población que se opone a la empresa minera y alertó del recrudecimiento de la persecución y criminizalización contra los dirigentes de las organizaciones comunitarias contrarias a la empresa.

En junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, suspendió las operaciones de la CGN, que comenzaron en 2014, al acoger el reclamo de comunidades indígenas que denuncian no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en su territorio.

La Corte precisó que el gobierno obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales, además de incumplir con un estudio de impacto ambiental del área, por lo que ordenó realizar el referendo comunitario.

El gobierno aclaró que la suspensión sólo abarca una de las licencias otorgadas a CGN, pero que “la planta procesadora y otros derechos mineros no están relacionados con la resolución” por lo que, actualmente, “su operación está vigente y se considera apegada a la ley”.