El reporte reciente de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, organismo independiente convocado por la Unesco para la revisión de la agenda educativa en la era pos-Covid, alerta sobre la necesidad de un cambio “radical” de rumbo, pues se debe garantizar que la instrucción “sea un bien público y una responsabilidad global colectiva”, acompañada de un fortalecimiento de la visión humanista.

Sin embargo, “no se puede caer en la ilusión de pensar que la educación puede resolver todos los problemas del mundo. Ella puede hacer mucho, pero no todo”.

El informe final, que se dará a conocer en noviembre en la Conferencia General de la Unesco, en París, incluirá nueve acciones con las que se buscará impulsar una nueva visión de la educación.

Entre ellas, se enfatiza la necesidad de que los estados y las sociedades se comprometan a fortalecerla como bien común y considerarla “baluarte contra las desigualdades”.

Además, propone ampliar la definición del derecho a la educación para abordar la importancia de la conectividad y el acceso al conocimiento y la información.

La comisión, integrada por investigadores, especialistas y representantes de los sectores gubernamentales, educativos y empresariales, señala que es necesario valorar la profesión docente y la colaboración de los maestros, pues aportaron respuestas “muy innovadoras” en la crisis de Covid-19, por lo que “debemos fomentar condiciones que den a los educadores de primera línea autonomía y flexibilidad para actuar conjuntamente”.

En la transformación se debe promover como prioritaria la participación y los derechos de estudiantes, jóvenes y niños, entre otros aspectos.