Organizaciones indígenas y campesinas, centros de derechos humanos, sindicatos, asociaciones medioambientalistas y colectivos de mujeres de diversos estados del país se adhirieron a las voces organizadas de la Península de Yucatán y de Chiapas que exigen al gobierno federal el “efectivo acceso a la justicia en los litigios que han emprendido en contra el denominado Tren Maya”.

El listado nacional de adhesiones al reclamo contra el proyecto estratégico del sexenio, es parte de la radiografía de la resistencia de este país. Los y las firmantes son parte de diversos sectores de la sociedad que, lejos de ser escuchados, han sido descalificados en su lucha por la defensa del territorio, la libre expresión, el respeto a los recursos naturales y las reivindicaciones de las mujeres.

El megaproyecto, explicaron en un comunicado, viola derechos humanos ambientales; el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, a la vivienda, a la salud y a la información pública, y por eso los amparos en su contra que, lamentan, luego de 15 meses de iniciados, “siguen a la espera de ser admitidos, puesto que los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro”.

Las organizaciones afirman que han hecho sobrevuelos en los tramos previstos en la ruta del tren, “particularmente en diversos municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo”, donde se han “observando actividades al margen de la ley, como la remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y bancos de materiales pétreos”, entre otras irregularidades.

En los sobrevuelos, aseguran, constataron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “sigue trabajando en toda la ruta del proyecto realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes, lo que constituye una violación a las suspensiones que juzgados de distrito y tribunales colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, mismas que obligan a las autoridades ha abstenerse de ejecutar obras nuevas del Tren Maya.

Continuar descalificando a los y las guardianas del territorio, e ignorando las leyes que los amparan, no es un camino aceptable.