Madrid. Decenas de miles de personas se manifestaron en las calles de San Sebastián para exigir al Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, que efectúe cambios en la ley y la política penitenciarias para favorecer la liberación de los 200 integrantes de la organización armada vasca ETA que aún cumplen condena.
Encabezaron la protesta los líderes del independentismo de izquierda vasco y catalán, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras, a la que se sumaron destacados líderes de Unidas Podemos (UP) en Euskadi.
Con aplausos y vítores recibieron en San Sebastián a los dos referentes del separatismo vasco y catalán, a quienes animaron a seguir trabajando para hacer realidad la secesión del Estado español. Pero la protesta tenía un motivo específico, al que se unieron decenas de miles de personas que viajaron de todos los rincones del País Vasco para convertir las calles de la capital guipuzcoana en una fiesta reivindicativa.
Por primera vez, además, se agregaron representantes del nacionalismo conservador, tanto de Euskadi como de Cataluña, con emisarios del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya (JxCat, los antiguos convergentes).
En el frente de la protesta iban, además de los propios dirigentes de la izquierda abertzale, algunos de los políticos catalanes que fueron juzgados y condenados por llevar a cabo la declaración unilateral fallida de independencia de octubre de 2017 y que fueron liberados gracias a un indulto del Ejecutivo español.
Entre los presentes estaban Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva y Josep Rull.
Junqueras reconoció la valentía en los pasos dados por la izquierda abertzale para sembrar la paz, destacando la declaración de Otegi y Arkaitz Rodríguez del pasado lunes, la cual, dijo, “reconoce el dolor causado por la acción armada y busca el diálogo y la negociación para la resolución del conflicto político”.
Tanto los líderes catalanes como los vascos y los manifestantes centraron sus reivindicaciones en los cambios a la política y la legislación penitenciarias para que sean puestos en libertad los 200 miembros de ETA.
Aunque algunos de ellos formaron parte de la cúpula militar de la organización o pertenecieron a los comandos que perpetraron los atentados más recientes y violentos, el argumento es que “con la aplicación de una política penitenciaria ordinaria, más de un tercio de estos presos y presas (militantes de ETA) hoy estarían en sus casas”.
