Ante una política que elevó las sanciones por delitos fiscales, grandes deudores salieron de un procedimiento penal al pagar en promedio la mitad del monto al que ascendió su fraude a la hacienda pública, pone en evidencia información solicitada a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

Desde que inició la actual administración hasta la fecha, se ha llegado a 16 acuerdos reparatorios con grandes contribuyentes. En todos se observa la misma operación, pagos que se quedan hasta 58 por ciento por debajo de los ingresos que nunca fueron entregados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Como respuesta a una solicitud de información –la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió reservar por cinco años–, se reportó que de diciembre de 2018 a la fecha se habían recuperado 3 mil 146 millones de pesos por concepto de acuerdos reparatorios.

La cifra es apenas una décima parte de los 30 mil millones de pesos de los que han hablado las autoridades hacendarias y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a los acuerdos a los que se llegó con grandes corporativos que no habían pagado impuestos en administraciones previas.

La discrepancia surge porque muchos de esos procedimientos nunca fueron judicializados, sino que se negociaron mediante otro mecanismo o bajo el marco de los acuerdos conclusivos en los que media la Procuraduría Federal del Contribuyente (Prodecon).

Mientras vía acuerdos conclusivos se ayudó a recaudar 15 mil 500 millones de pesos en 2020, a través de los acuerdos reparatorios –que aplican para casos de fraude fiscal– el monto alcanzó mil 742 millones de pesos, que en su mayoría, mil 357 millones de pesos, entregó un gran contribuyente en julio del año pasado por un daño al fisco que ascendía a 2 mil 909 millones de pesos.

Así, en términos generales, de 5 mil 698 millones de pesos a los que ascendía el monto por reparación de los acuerdos reparatorios que se concretaron entre diciembre de 2018 y octubre de este año, se recuperó para el fisco apenas 55.2 por ciento, es decir, 3 mil 146 millones de pesos.

Las Secretaría de Hacienda reservó hasta por cinco años las versiones públicas de esos acuerdos reparatorios, donde se vierten los argumentos para reducir prácticamente a la mitad el pago al que ascendía el fraude fiscal.

El argumento para la reserva es que al contener dichos documentos la táctica de la dependencia en casos de persecución de delitos fiscales, su divulgación implica un riesgo directo para “las estrategias de recaudación del Estado Mexicano”, lo que podría limitar la capacidad de operación de éste.

“La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”, dado que “pudiera proveer a los imputados, o a quien pueda tener algún interés, de los medios necesarios para evadir el pago de las contribuciones, al buscar colocarse en alguno de los supuestos en los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, accede a dichos acuerdos”, añadió.