Cuando la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) descalificó las elecciones de Bolivia en 2019 y las tachó de “fraudulentas” con base en un informe “errado y sin fundamento”, propició “un capítulo perturbador en la historia política latinoamericana” y comprometió el prestigio y la naturaleza de las misiones de observación electoral interamericanas, sostuvo la embajadora de México Luz Elena Baños en el conversatorio ¿Qué pasó en las elecciones de Bolivia?

Expuso que durante el debate, desde la sede de la OEA en Washing-ton, los expertos del Centro de Estudios y Políticas Publicas, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del departamento de relaciones exteriores de la Universidad Tulane, resolvieron que los comicios bolivianos que dieron el triunfo a Morales “no fueron fraudulentos; se trató de un proceso de escrutinio limpio”. Las tres entidades presentaron los análisis técnicos que lo demuestran.

La representante permanente de México ante la OEA indicó que los mismos expertos trabajaron en la auditoría al primer dictamen de la Secretaría General y encontraron que se utilizó “metodología no adecuada” y, por lo tanto, las conclusiones carecían de sustento.

Miopía oficial

Aunque en correos internos los mismos funcionarios de la misión reconocieron que “hubo errores”, ese informe sigue figurando como documento oficial. El secretario general de la organización continental, Luis Leonardo Almagro Lemes, y los funcionarios de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, que avalaron el documento, fueron invitados al evento, pero se negaron a asistir, alegando de que se trata de “un caso cerrado”.

No obstante, los participantes en el conversatorio coincidieron en que el fallido reporte “está muy lejos de ser un caso cerrado”, y que hay consenso en esta posición.

Insistieron en que debe ser revisado, no sólo por el organismo americano, sino por todos los gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos y los de la Unión Europea, que en su momento lo aceptaron acríticamente, sin levantar la voz, por el efecto devastador consecuente: el golpe de Estado que llevó a la boliviana Jeanine Áñez al poder y propició la represión que causó la muerte a 38 bolivianos, centenares de heridos y miles de presos políticos torturados, además del exilio del ex presidente Evo Morales.

Por lo anterior, la diplomática Baños señaló: “Lo que sucedió es un asunto mayor porque se probó un formato de actuación que constituye una lamentable ruptura de los estándares democráticos internacionales de la observación electoral internacional”.

En seguida, señaló que México defiende la inspección comicial no intrusiva. “Es necesaria en nuestro hemisferio”, reconoció, pero debe hacerse con objetividad y neutralidad. “Hacerlo así contribuirá al fortalecimiento real de la democracia y evitará que la OEA favorezca el deterioro de las situaciones nacionales de nuestros países, cuando su mandato es trabajar por alcanzar soluciones pacíficas y sostenibles”.

A dos años del dictamen descalificador

Por su parte, la directora de la Red Andina de Información, Kathryn Ledebur, recordó que este viernes se cumplieron dos años del dictamen sobre el supuesto fraude, “que a pesar de su notable falta de sustento” fue aprobado por muchos gobiernos, que fallaron al pasar por alto “el efecto violento y corrosivo” que ocasionó.

Ledebur deploró que Almagro se niegue en todo momento a analizar las correcciones técnicas que se han presentado y que evidencian “un informe apurado, sin sustento, seriamente equivocado y denunciado por expertos electorales”.

Después de que la organización americana descalificara los comicios presidenciales en Bolivia, se propuso la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que analizara lo ocurrido. Contó con financiamiento de México y Estados Unidos, entre otros.

El gobierno de Áñez, y Almagro lograron retrasar su entrada en funciones por un año, al final se logró un reporte que, según subrayó Ledebur, contiene “recomendaciones muy claras” en torno a las ejecuciones sumarias del gobierno de la presidenta de facto para acallar las protestas, a la acción de grupos paraestatales violentos.

Describió que se trató de un asunto al estilo de los paramilitares de las dictaduras de los años 70 y de un esquema tipo Plan Cóndor, cuyo financiamiento corrió a cargo de los gobiernos de Argentina y Ecuador, que en esa coyuntura dirigían Mauricio Macri y Lenín Moreno, respectivamente, días antes de las masacres.