La historia de Angélica, la niña indígena de La Montaña de Guerrero vendida en matrimonio por sus padres y abusada por su suegro en condiciones de migración, lejos de su lugar de origen, ha recibido gran atención en los medios esta semana, no necesariamente por las mejores razones. El caso revela, ciertamente, los abusos que sufren las mujeres menores de edad en ciertas comunidades de la región, pero resulta inexacto atribuirlo a las tradiciones de los pueblos originarios.

En conversación con La Jornada, el abogado Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, analiza los cambios culturales debidos a la migración que han impactado en la región, deteriorando las prácticas tradicionales. “Antes de que hubiera dólares, la petición y la dote eran una negociación comunitaria. Hoy se ha vuelto una compraventa denigrante para las niñas en primer lugar, pero también para las familias y sus comunidades”.

Sin obviar el componente patriarcal de muchas costumbres comunitarias, hasta hace unos 30 años las “peticiones de mano” seguían siendo un asunto colectivo, donde había acuerdos y pactos transparentes. Hoy han alcanzado la nota roja, que tiende a fomentar el racismo al criticar “las costumbres atrasadas” de estos pueblos marginados en una de las regiones más pobres del país. Pero también donde la fuerza comunitaria y la conservación de lenguas y tradiciones de cooperación han permitido la preservación de culturas milenarias que no son brutales y sí sofisticadas. Valga decir, civilizadas.

El desenlace fue reportado por Tlachinollan el pasado día 20, cuando la Fiscalía General del Estado detuvo a Rutilio N en la ciudad de Tlapa. Se trata del suegro de Angélica, de 15 años, encarcelada 11 días por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, acusada de robar unos huipiles, cuando en realidad se trataba de encubrir una agresión sexual contra la menor. Ahora, el agresor está acusado de violación equiparada.

“Para entender esta realidad cruenta”, Tlachinollan recabó testimonios, encontrando que Rutilio había agredido sexualmente a la niña en repetidas ocasiones en ausencia de su hijo, esposo de la menor desde hace cinco años; las agresiones más recientes ocurrieron el 10 de mayo y el 30 de junio pasados. Cuando la menor opuso resistencia, su suegro Rutilio “la calló violentamente, le recordó que había pagado por ella, amenazó con matarla y también a su padre”. Sin embargo, “lo más cruento fueron las agresiones sexuales que desde noviembre de 2020 ella soportó en los campos agrícolas de Yarécuaro, Michoacán”.

Pedida por Rutilio a los 11 años para que se casara con uno de sus hijos, “la niña permaneció cautiva por cinco años, acorralada por sus suegros y sometida por el poder machista de las autoridades comunitarias”. Las secuelas marcaron a esta “niña indefensa”. El dictamen médico establece que hubo violación contra la menor.

Obligada por su padre a contraer matrimonio, Angélica “costó” 130 mil pesos a Rutilio, su ahora suegro. Vivió tres años con su joven esposo en la casa paterna de éste. En 2020, el muchacho cruzó la frontera “para trabajar en Nueva York y saldar la deuda”. Según relata Abel Barrera, “el cautiverio de la niña es inenarrable. Se armó de valor y encaró al suegro, quien nuevamente intentó violarla. Huyó y se refugió con su abuela”.

En la comisaría de la comunidad Joya Real, Rutilio denunció a la menor por “faltarle al respeto y huir de su casa”. Según “las autoridades machistas”, las mujeres y niñas “merecen la cárcel” si se “rebelan”. La policía comunitaria de Dos Ríos, presionada o persuadida por Rutilio, encarceló a la menor, exigiendo a sus padres la devolución de los 130 mil pesos.

La detención de Rutilio el miércoles y la liberación de Angélica se deben a la lucha de las mujeres de La Montaña “que deciden romper las cadenas de la esclavitud matrimonial”, expone Tlachinollan.