Las evaluaciones educativas nacionales son procesos costosos, pero útiles, pues nos permiten conocer los niveles de conocimientos y el desempeño escolar de los estudiantes, al igual que los del propio sistema educativo. Un aspecto a tomar en cuenta ahora es el referente al mal uso que altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y un pequeño grupo de empresarios hicieron de los resultados de las evaluaciones realizadas durante el gobierno anterior, para culpar al magisterio de los supuestos bajos niveles educativos; todo con el propósito central de promover y justificar la privatización de la educación y lograr la llamada “educación de calidad”, que en realidad sólo serviría para otro gran negocio millonario a costa del endeudamiento de un gran sector de la población para mandar a sus hijos a escuelas privadas, y que viéndolo en retrospectiva comenzó a desarrollarse en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, por lo que un sector importante del magisterio seguramente se opondrá a dichas pruebas.
En el contexto del gobierno actual, en que tales fines han sido desechados para restablecer el mandato constitucional de ofrecer educación gratuita a la población como responsabilidad fundamental del Estado, las evaluaciones educativas que surgieron como una necesidad que comenzó a vislumbrarse hace poco más de 50 años, cuando se pensó que si bien se estaba logrando que todos los niños tuviesen acceso a educación primaria y que el reto era asegurar su educación secundaria, también era necesario que los procesos educativos fuesen evaluados para garantizar que los jóvenes que habían dedicado nueve o 12 años de su vida al estudio, tuviesen los conocimientos necesarios para ingresar a la educación superior o para convertirse en individuos aptos para la vida productiva.
Hoy los mexicanos y de manera particular el gobierno y la SEP, requerimos, después del retroceso atribuible al gobierno anterior, agravado por los dos años en que la educación ha funcionado en condiciones muy limitadas por la grave pandemia del Covid-19, contar con un diagnóstico de la situación del sistema educativo, no para buscar culpables, sino para saber de qué tamaño es el problema y determinar qué se debe hacer para recuperar los niveles que se habían logrado.
En lo personal, después de estudiar lo que nos ha venido sucediendo, considero que el retroceso real en la educación de los estudiantes que en este ciclo escolar (2020- 2021) terminan sus estudios de bachillerato es de 12 años, es decir, comparable a los niveles de conocimientos y habilidades de quienes egresaron de ese nivel en 2008 o 2009.
Así, a 100 años de la creación de la SEP, sus autoridades requieren conocer las condiciones reales de la educación actual y de las diferencias que existen entre las regiones rurales y urbanas, así como entre las diferentes entidades de la nación, tomando en cuenta que la pandemia ha sido más grave en algunas que en otras.
La SEP tiene la responsabilidad de preparar a los niños y jóvenes de hoy para asegurar un mejor desarrollo para nuestro país.
Por ello, las evaluaciones resultan imprescindibles. Es necesario recordar que en el pasado las pruebas de Enlace se realizaban al final del ciclo escolar, por lo que ahora es indispensable que las autoridades inicien lo antes posible los preparativos para su aplicación, por lo menos, a los estudiantes del último grado de primaria, de secundaria y de bachillerato sobre matemáticas, ciencias y comprensión del lenguaje, de manera que en septiembre próximo, cuando inicie el ciclo escolar 2022-2023, se cuente con las estrategias para iniciar un plan de acción que permita que se comiencen a resolver los problemas más serios que se detecten por las pruebas mencionadas.
En años anteriores, estas evaluaciones eran rechazadas por una parte importante del magisterio primordialmente por dos razones, mismas que se deben considerar: la primera residía en la desconfianza justificada de los docentes en el sentido de que los resultados podían ser utilizados para desacreditarlos, culpándolos de las fallas detectadas por dichas pruebas, por lo que será necesario asegurarles que éste no es el motivo de su nueva aplicación, sino que se trata sólo de conocer la realidad que enfrenta el país luego de la pandemia y, con su apoyo, lograr una mejora real en el menor tiempo posible.
El otro pensamiento, igualmente negativo, es el referente a la posible diferencia entre los resultados de las regiones rurales respecto a las de las zonas urbanas, y en el caso que esta diferencia se mantuviera, lejos de culpar a los maestros rurales, los resultados mostrarían la inequidad de trato que se ha dado a tales regiones, y con ello, la necesidad de dotar con más y mejores instalaciones y recursos a las escuelas en las esas zonas, haciendo consciente a la nación del injusto trato que se ha dado a su población en materia educativa.
Dejemos pues de pensar que nuestro país ha sido y seguirá siendo una nación subdesarrollada y preparémonos para ser pronto un país con un sistema educativo ejemplar, pensando que éste debe ser un objetivo central de la transformación que todos queremos y necesitamos.
* Director del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educación Educativa
