Para garantizar la cooperación de las fuerzas armadas en la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, hay la instrucción “puntual, directa y concreta” del presidente Andrés Manuel López Obrador de que aporten toda la información que tienen en sus manos y brinden las condiciones para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejan-dro Encinas.
“No es un planteamiento sujeto a su decisión, es una instrucción presidencial que deben cumplir de forma puntual el Ejército y la Marina en el caso de ser necesario.”
En un conversatorio organizado por la Fundación Heinrich Böll y la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), indicó que el resultado que esperan con esta comisión es conocer la verdad, deslindar responsabilidades y, en el caso de que los perpetradores aún estén vivos, serán castigados.
Señaló que el mecanismo para conocer la verdad obligará al gobierno federal a abrir toda la información, todos los archivos, incluso las instalaciones donde se perpetraron las violaciones a los derechos humanos, donde hubo tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. “No va haber ninguna limitación de acceso a esta información”, dijo.
Encinas agregó que ayer se cerró el periodo de registro para definir a los cincos expertos con los cuales se detonará la creación de esta comisión, e indicó que la próxima semana esperan resolver quiénes serán los primeros integrantes.
En su turno, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, destacó que el ritmo del avance dependerá de la voluntad “para develar lo que se ocultaba y para decir lo que se silenciaba”.
Antes, durante la firma de un convenio con el gobierno de Morelos para la implementación del Mecanismo de Protección para Per-sonas Defensoras de Derechos Hu-manos y Periodistas, el subsecre-tario Encinas indicó que el porcentaje de impunidad en los homicidios de defensores es de 99 por ciento, en tanto que en los de comunicadores es de 94 por ciento.
Ante ello hizo un llamado “firme” al Poder Judicial –fiscalías de los estados y jueces– para evitar mandar mensajes de ilegalidad “que nada ayudan para abatir los niveles de violencia contra este sector de la sociedad”.
En este sentido, subrayó que el acuerdo pretende articular los esfuerzos del Estado mexicano para encarar este problema grave que atenta contra la libertad de expresión y la defensa de los derechos de las personas.
