En la discusión de la miscelánea fiscal para el próximo año, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la que se reduce el margen para deducir las contribuciones a través de donatarias. El cambio consiste en que, hasta ahora, las personas físicas podían deducir hasta 15 por ciento de sus ingresos anuales dentro de los considerados gastos personales (gastos médicos, de hospitalización, clínicos, colegiaturas, funerarios, entre otros), así como 7 por ciento adicional vía donativos a asociaciones civiles registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); mientras que en lo sucesivo esas donaciones se integrarán al tope de 15 por ciento global.

Por ignorancia o por connivencia con los intereses de un pequeño grupo de personas acaudaladas, medios de comunicación y otras voces opositoras han criticado esta reforma como una suerte de “terrorismo fiscal” que dejará sin sustento económico a las organizaciones de la sociedad civil que, en muchos casos, cumplen tareas esenciales en la defensa de derechos humanos o la promoción de causas tan loables como la salud o la protección del medio ambiente.

La autoridad tributaria sostiene que ni hay persecución contra los contribuyentes, ni se afecta a aquellas asociaciones que cumplen con los propósitos a los que dicen servir. En cambio, hay un esfuerzo por poner orden en el sistema recaudatorio y acotar los abusos en los que los dueños de grandes capitales incurren al amparo de la figura de las donaciones. Tan minoritario es el grupo del que se está hablando que, de acuerdo con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, 96 por ciento de quienes piden recibo de sus donaciones para deducir impuestos lo hacen por menos de 30 mil pesos, y de 10 mil donatarios registrados la medida afecta apenas a 50 personas, “sobre todo a una o dos familias, cuyos siete integrantes donan hasta 350 millones de pesos al año”. Al comparecer ante el Senado, la funcionaria explicó que estas personas realizan donaciones millonarias a sus propias fundaciones, lo cual les permite deducir esos recursos sin dar cuenta de su destino, e incluso realizar deducciones por encima de lo donado.

No se trata de un tema nuevo. En esta ocasión se abordó únicamente lo relativo a personas físicas, pero en noviembre de 2020 Buenrostro informó a la sociedad que algunas empresas donatarias utilizan esquemas “muy parecidos a las factureras y a las empresas de lavado de dinero”, pues destinan hasta 50 por ciento de lo recibido a presuntos “gastos de administración”, en ocasiones para un personal tan exiguo como tres integrantes, cuando la ley establece un límite de 5 por ciento en ese rubro. Tales “gastos de administración” suelen estar conformados por consumos suntuarios que nada tienen que ver con la misión que les da razón de ser.

En suma, cabe saludar que se intente poner freno a un ejemplo claro de quebranto al erario por parte de las personas más adineradas, y es de lamentar que este esfuerzo por robustecer la Hacienda pública en beneficio de todos los mexicanos se tergiverse, ya sea por desconocimiento o bajo consigna.